Condenados patrulleros que pedían dinero a criminales para no ser judicializados

El patrullero Alexandro Cantillo Rodríguez fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Dicho caso se remonta al 18 de diciembre de 2017, cuando Cantillo intentó apropiarse de $1′140.000 que había sido incautado a tres hombres capturados en flagrancia durante un hurto.

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Según explicaron las autoridades, el uniformado intentó ocultar el dinero en su chaleco institucional, razón por la que posteriormente fue retenido por miembros de la fuerza pública.

En otro caso de corrupción policial, los patrulleros Mauricio Rafael Peñates Osorio y Sergio Ascanio Estévez fueron condenados a ocho años de prisión por el delito de concusión.

Ambos fueron capturados el 5 de diciembre de 2020 mientras intentaban recibir $400.000 de un hombre al que habían exigido un millón de pesos para no judicializarlo por su presunta vinculación con un grupo ilegal.

La víctima, que se desplazaba en motocicleta con su novia por el noroccidente de Medellín, solo contaba con $600.000 en ese momento. Así las cosas, su pareja emprendió la huida para buscar el dinero restante; sin embargo, la mujer aprovechó para denunciar la retención ilegal ante las autoridades.

Estos casos, aunque independientes, reflejan un problema de corrupción dentro de la Policía Metropolitana de Medellín, según las pruebas presentadas por la Fiscalía. La intervención de la justicia ha sido crucial para sancionar estos actos y enviar un mensaje de cero tolerancia hacia la corrupción en las fuerzas del orden.

Por su parte, la Fiscalía destacó la importancia de las denuncias ciudadanas en la lucha contra la corrupción, resaltando que la colaboración de la pareja del hombre retenido fue fundamental para la captura en flagrancia de los patrulleros Peñates y Ascanio.

Es importante destacar que tan solo unas semanas antes de que se confirmara la condena contra los patrulleros, cuatro policías habían sido capturados por, presuntamente, recibir pagos a cambio de no hacer operativos de seguridad.

Cuatro policías se habrían dejado sobornar en el Tolima

Al parecer, los uniformados no implementaron los procesos pertinentes en las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana en el Tolima, razón por la que fueron detenidos en Melgar

“Por solicitud de esta Fiscalía, 4 policías fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario por la presunta comisión de delitos contra el Servicio y la Administración pública, en hechos ocurridos el pasado 22 de agosto”, explicaron desde la Fiscalía Militar y Policial en aquella ocasión.

Según explicaron las autoridades, los sindicados “llegaron a conocer un caso donde varios ciudadanos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública en Melgar. Estando en el sitio, al parecer no realizaron el procedimiento establecido con los reglamentos de Policía y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros, no incautaron un arma traumática tipo pistola que portaban los ciudadanos, omisiones que presuntamente se originaron por recibir una suma de dinero”.

Por tal motivo, la Fiscalía Militar y Policial decidió acusar a los uniformados por los cargos de abandono del puesto, prevaricato, cohecho propio y falsedad ideológica y documento público.

En qué consiste el delito de peculado por apropiación, por el que fueron condenados los uniformados

El delito de peculado por apropiación es una forma de corrupción que involucra a servidores públicos que se adueñan indebidamente de bienes o fondos que están bajo su administración o custodia.

Esta apropiación puede ser para beneficio personal o de terceros. Al tratarse de recursos que pertenecen al Estado o a entidades públicas, su malversación representa un perjuicio directo a los intereses colectivos y una violación a la confianza depositada en dichos funcionarios.

Este tipo de delito tiene graves implicaciones, ya que no solo afecta el patrimonio público, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.