Narcopiloto de empresa usada en la campaña de Petro fue condenado en Estados Unidos

Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, fue dueño de la firma Sadi S. A. S., que durante las campañas legislativa y presidencial de 2022, transportó a varios miembros del Pacto Histórico

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Restrepo Osorio fue condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico - crédito Colprensa
Restrepo Osorio fue condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico - crédito Colprensa

En un importante golpe contra el narcotráfico internacional, Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, fue condenado a 11 años de prisión en Tampa, Florida. Restrepo, que había aceptado los cargos de tráfico de drogas, fue propietario de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), empresa relacionada con el transporte aéreo, según lo demuestran los registros mercantiles.

La sentencia se conoce luego de una investigación conjunta entre autoridades colombianas y estadounidenses, en la que se descubrió la relación de Restrepo con una avioneta cargada con 446 kilogramos de cocaína, incautada en la isla de Providencia en 2021.

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El hallazgo de cocaína en Providencia

El caso que llevó a la condena de Restrepo comenzó en 2021 cuando la Policía Nacional, en una operación de rutina, encontró una avioneta lista para despegar desde un aeropuerto privado en Providencia. En el interior, las autoridades descubrieron 28 cajas organizadas que contenían un total de 446 kilogramos de cocaína. El destino final de esta carga era una pequeña isla en Centroamérica, desde donde la droga se transportaría a Estados Unidos.

La droga se encontraba distribuida en 85 paquetes prensados, que se encontraba escondida en el tanque de combustible del vehículo. Infobae.
La droga se encontraba distribuida en 85 paquetes prensados, que se encontraba escondida en el tanque de combustible del vehículo. Infobae.

Según la investigación, un policía que realizaba la inspección fue presionado por superiores para detener la requisa y permitir el despegue del avión. Sin embargo, el oficial continuó con su trabajo y descubrió la droga. La aeronave había despegado horas antes desde el aeropuerto de Guaymaral en Bogotá, donde un camión rojo se acercó para cargar las cajas, bajo el pretexto de que eran ayudas médicas para la pandemia.

Restrepo Osorio y su cómplice intentaron justificar la presencia de las cajas como parte de un envío humanitario, pero las autoridades confirmaron que en realidad transportaban cocaína provista por un narcotraficante. “En febrero de 2021, Restrepo Osorio obtuvo la cocaína de un proveedor y contrató un organizador de transporte para llevar las drogas hasta Honduras. Restrepo Osorio reclutó al mecánico y el piloto, rentó el avión y organizó el envío de la droga con los fondos del proveedor de cocaína”, señala el documento del indictment.

La relación con la Sociedad Aérea de Ibagué

A lo largo de la investigación, se descubrió que Carlos Eduardo Restrepo era propietario de la Sadi, una empresa dedicada al transporte aéreo de carga y pasajeros. Aunque sus abogados emitieron un comunicado en 2023, asegurando que desde 2019 Restrepo no estaba vinculado a Sadi ni como socio ni como accionista, documentos mercantiles y registros judiciales apuntan a lo contrario. Según estos, Restrepo mantuvo una relación cercana con la empresa, e incluso su número de celular aparecía en chats vinculados con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la relación entre Sadi y la campaña presidencial. La empresa fue contratada para transportar a congresistas y otros colaboradores de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro. Según revelaciones de la Corte Suprema, Restrepo fue incluido en un grupo de chat donde figuraban Armando Benedetti, Laura Sarabia y Maya Gutiérrez, quienes estaban encargados de la logística de los vuelos de la campaña.

Restrepo fue propietario de la Sociedad Aérea de Ibagué, una empresa que prestó servicios de transporte aéreo a la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Restrepo fue propietario de la Sociedad Aérea de Ibagué, una empresa que prestó servicios de transporte aéreo a la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Además, se ha señalado una posible manipulación de las facturas electrónicas de Sadi para evitar superar los topes de gastos permitidos durante la campaña. Según la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE), las facturas fueron modificadas en varias ocasiones en un corto lapso de tiempo, lo que ha generado sospechas de irregularidades. “La empresa Sadi genera la factura SA 4862 el 28 de mayo de 2022, es decir un día antes de las elecciones de primera vuelta por valor de $ 4.014.804.576, para posteriormente ser anulada y generar una nueva factura SA 4876 del 29 de mayo de 2022 por valor de $ 2.270.000.037, la que a su vez también es anulada para generar la factura SA 4877 del 30 de mayo de 2022 por valor de $ 2.770.000.017, por lo tanto, se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura SA 4862. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite tope de gastos establecidos por la Corporación”, se lee en la solicitud de formulación del CNE.

A pesar de sus intentos por evitar una condena mayor, Restrepo fue finalmente sentenciado a 11 años de prisión y también deberá cumplir cinco años de libertad supervisada una vez finalice su condena intramural.

La investigación del Consejo Nacional Electoral ha expuesto la posible manipulación de facturas por parte de Sadi para evitar superar los topes de gastos en la campaña presidencial de Petro - crédito Jaime Acosta/REUTERS
La investigación del Consejo Nacional Electoral ha expuesto la posible manipulación de facturas por parte de Sadi para evitar superar los topes de gastos en la campaña presidencial de Petro - crédito Jaime Acosta/REUTERS

El caso de Carlos Eduardo Restrepo Osorio ha tenido amplias repercusiones en Colombia, no solo por su implicación en el narcotráfico, sino también por la relación de su empresa con la campaña presidencial de Gustavo Petro. Mientras tanto, el primer mandatario ha arremetido contra los magistrados que abrieron la investigación, acusándolos de intentar un “golpe de Estado” en su contra. Sin embargo, importantes juristas han defendido la legitimidad de las investigaciones, afirmando que no existe un complot político detrás de ellas.

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