Embajador de Colombia ante la OEA alborotó el “avispero”, tras polémica decisión del CNE de investigar a Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) desató un huracán mediático al anunciar que adelantará una investigación contra la campaña del presidente de la República, Gustavo Petro, que resultó vencedor en los comicios de 2022; y, asimismo, formulará pliego de cargos contra él; su entonces gerente, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Aydeé Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, por la presunta violación de los topes fijados para la contienda.

La determinación del máximo organismo electoral del país provocó una dura respuesta del embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, que se pronunció el miércoles 9 de octubre en contra de esta medida. Y, en su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo multilateral, señaló que este hecho se ha convertido en una amenaza a la democracia y el orden constitucional del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Me veo en la obligación de presentar ante este Consejo Permanente, la grave situación que se presenta en Colombia y que atenta contra la democracia y el orden constitucional del país”, afirmó Vargas, en declaraciones que fueron recogidas por medios nacionales e internacionales. Y que se sumaron a los pronunciamientos hechos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte del vicecanciller Jorge Rojas, que tomó la vocería con respecto a este caso.

Entre los argumentos que expuso ante sus colegas, mencionó cómo el CNE, “que es un organismo administrativo”, optó –en contravía de lo dispuesto por la Constitución– una investigación contra la aspiración del jefe de Estado, que en su calidad de candidato también fue vinculado. “Es una decisión administrativa que en contra del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que forma parte del bloque de constitucionalidad en Colombia”, precisó Vargas.

En su intervención, el diplomático hizo referencia a amenazas previas en contra de Petro, en las que hizo especial énfasis en el presunto plan para asesinarlo, que ha salido a la luz pública desde el pasado 20 de julio, Día de la Independencia, y del que poco a poco se han conocido más detalles . Y reiteró la importancia de las advertencias que ha hecho el embajador de Estados Unidos en el país, Francisco Palmieri, sobre estos “serios riesgos contra la vida del presidente”.

De esta manera, el embajador Vargas llamó la atención sobre lo que considera un quebranto del derecho internacional por parte del CNE, al abrir un caso que, a su juicio, no tiene razón de ser; pese hay quienes han salido en respaldo de los togados del mencionado consejo. “Es una investigación de carácter administrativo que puede terminar con una multa, pero resulta que (con ello) se puede también, y es lo que se supone que van a hacer, compulsar copias para el Congreso”, añadió.

Pidió investigar amenazas contra la vicepresidencia Francia Márquez

En este sentido, Vargas también expresó preocupación por la situación de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, y señaló que, en su contra, también se quiere atentar contra su vida; en lo que sería un clima de inseguridad que podría causar graves afectaciones a los altos mandos del poder en Colombia.

Cabe destacar que, un aspecto clave de la investigación que hará el CNE es la supuesta violación de los límites de gasto durante la campaña presidencial, algo que Vargas desestimó al considerar que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz fabricaron una ponencia con “hechos absurdamente falsos”. Y remarcó que las auditorías previas de la campaña no detectaron irregularidades, además de recordar que estas acusaciones iniciaron a raíz de una denuncia anónima.

El debate en torno a este tema también abarcan la autonomía y competencias del Consejo Nacional Electoral, el mismo que, según Vargas, no tendría jurisdicción para actuar como un tribunal judicial del mandatario. Por lo que, en últimas, puso en duda la legitimidad del proceso, al afirmar que “en ninguna parte se dice que este organismo pueda asumir funciones de juez”, lo que ha generado un ambiente de mayor tensión en Colombia.