Transparencia por Colombia alertó por inconsistencias en cuentas de la campaña de Petro y pidió una investigación rigurosa

Transparencia por Colombia expresó su postura frente a la reciente investigación anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por presunta violación de topes de gastos.

Por tal motivo, en un comunicado publicado el miércoles 9 de octubre de 2024, la organización señaló que este proceso representa un reto para la democracia en Colombia y subrayó la importancia de llevar a cabo investigaciones transparentes y dentro de los cauces legales.

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Al respecto, la organización destacó que la financiación de campañas electorales ha sido históricamente un tema polémico en el país, y las campañas presidenciales recientes no han estado exentas de controversias, por lo que la decisión del CNE de abrir una investigación puede ser vista como un avance en el control del gasto electoral en las campañas presidenciales, lo que Transparencia por Colombia califica como un paso crucial.

En el comunicado, la organización se refirió a las dudas que han surgido en torno a las cuentas de la campaña de Petro, pues, según Transparencia por Colombia, estas cuentas han presentado inconsistencias, como, por ejemplo, haber reportado más gastos que ingresos, lo que plantea preguntas sobre el origen de los fondos que cubrieron esa diferencia.

También cuestionó por qué se realizaron cambios en los reportes de ingresos y gastos durante las fases de primera y segunda vuelta de las elecciones, incluso, se han conocido información sobre algunos posibles gastos e ingresos no reportados, así como aportes de personas jurídicas al partido Colombia Humana, lo cual está prohibido por la ley.

Por lo tanto, la corporación reiteró la necesidad de un proceso completamente transparente y un debate público sobre estas cuestiones; como también, hizo referencia a la importancia de que todas las partes involucradas respeten los procedimientos legales y el debido proceso.

En ese sentido, la organización recordó que, en situaciones complejas como la que afrontará el presidente Petro y el gerente de la campaña Ricardo Roa, el Estado de Derecho exige que se cumplan las normas sin excepciones y así asegurar que nadie esté por encima de la ley, por lo que la discusión sobre la hipótesis de un supuesto golpe de Estado podría desviar la atención de lo realmente importante, la necesidad de continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades de todas las personas involucradas.

En cuanto a la responsabilidad del presidente Petro, la organización recordó que cualquier eventual juicio en su contra corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tal como lo establece la Constitución, y que el CNE, por lo tanto, deberá remitir lo pertinente a esa instancia; sin embargo, enfatizó que las investigaciones deben seguir su curso también para otras personas naturales y jurídicas involucradas en posibles irregularidades electorales.

Otro punto abordado por Transparencia por Colombia fue la naturaleza y el alcance del CNE en este tipo de investigaciones, pues, según la organización, el Consejo de Estado ha establecido que el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar violaciones a los topes de financiación de campañas, aunque no tiene la facultad para sancionar al presidente con la pérdida de su cargo.

Frente a este punto, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia Colombia, aseguró que: “La controversia también ha estado fuertemente atada a la naturaleza y el rol del CNE, estas dudas solo podrán resolverse hacia adelante y a partir de una medida de fondo, una reforma política seria, sustentada ampliamente, debatida y consensuada con todas las fuerzas políticas”.

Además, la organización subrayó la existencia de un vacío legal en torno a la financiación de campañas presidenciales, dado que aunque la ley prohíbe que las personas jurídicas financien campañas directamente, en la práctica, los partidos políticos reciben donaciones que luego asignan a campañas presidenciales, lo que constituye una forma de evadir esta prohibición.

Incluso, en años electorales, los aportes privados a los partidos se incrementan de manera considerable, un fenómeno que, según Transparencia por Colombia, debería ser regulado con mayor claridad.

Finalmente, la organización instó a que las investigaciones continúen bajo las reglas y las instituciones vigentes, recordando que, además del CNE, la Fiscalía General de la Nación también debe involucrarse en los casos que ameriten investigaciones penales contra personas no aforadas.