
La senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, alzó nuevamente su voz en defensa del presidente Gustavo Petro tras el comunicado que anunciaba la formulación de cargos en contra del mandatario por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) por su campaña presidencial en 2022, que al parecer habría superado los topes financieros establecidos, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Esta acusación provocó una fuerte reacción tanto por parte del jefe de Estado como de sus políticos aliados, entre ellos la congresista, que expresó su preocupación por las implicaciones de este proceso.
En este sentido, el CNE investigará a varios miembros clave de la campaña de Petro, entre los que se incluyen Ricardo Roa Barragán, actual gerente de Ecopetrol, y Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera de la campaña, así como María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores. Además, están bajo la lupa el movimiento político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica, ambos actores principales en la coalición del Pacto Histórico.
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En respuesta a estas acusaciones, Gustavo Petro denunció lo que considera un intento de “golpe de Estado” desde el Consejo Nacional Electoral, bajo el argumento de que el organismo está extralimitando sus funciones al investigarlo. El mandatario sostiene que la entidad autónoma de control electoral carece de competencia para llevar a cabo investigaciones contra un presidente en ejercicio, lo que encendió aún más el debate político en el país.
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María José Pizarro, en sintonía con el presidente, utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta en X para señalar lo que considera una serie de atropellos contra el Estado de derecho. Según la congresista, el proceso impulsado por el CNE no solo atenta contra el mandato popular que eligió a Petro, sino que busca vulnerar el orden constitucional y legal que rige el país.
En una de sus declaraciones más destacadas, luego de opinar en varias ocasiones desde que se conoció la noticia, Pizarro afirmó: “Lo que se pretende burlar, no solamente es el mandato popular, la democracia y la voz del pueblo; sino también el orden constitucional y legal, las instituciones y el Estado de derecho. Con este precedente, el fuero presidencial desaparece”.
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La posición de Pizarro provocó un amplio debate en redes sociales, donde las reacciones fueron diferentes, ya que, mientras algunos usuarios la aplaudieron por su firmeza y lealtad hacia Petro, otros criticaron su postura, al señalar que está desviando la atención de la gravedad de las acusaciones de financiación irregular. Algunos críticos también destacaron que la senadora debería mantenerse al margen del proceso judicial, en lugar de politizar una investigación que, según ellos, debería seguir su curso sin interferencias.
De esto se trata la investigación del Consejo Nacional Electoral
En cuanto a los cargos formulados por el CNE, el organismo sostiene que la campaña de Petro habría excedido el límite de financiación en $5.355 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta electoral. Esta cifra fue motivo de escrutinio, ya que las normativas vigentes buscan garantizar que los recursos de campaña se manejen con transparencia y se respeten los límites impuestos para evitar desigualdades en las contiendas electorales.
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El CNE señala que durante la primera vuelta de las elecciones, la campaña del Pacto Histórico habría excedido los límites de gastos permitidos en más de $3.709 millones de pesos, en contravención con el artículo 109 de la Constitución y varias leyes electorales, como la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005.
La investigación también incluye posibles irregularidades durante la segunda vuelta electoral. En esta fase, el CNE señala que la campaña habría excedido los gastos permitidos en más de $1.646 millones de pesos.
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