
La Corte Constitucional tumbó el artículo 35 del decreto del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), el cual permitía al Gobierno contratar a organizaciones sociales. La demanda interpuesta por el representante a la Cámara Hernán Cadavid prosperó ante el tribunal, impidiendo que el gobierno de Gustavo Petro contratar a estas organizaciones de forma directa.
Dicho suceso, fue celebrado por el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes quien consideraba que por medio de dicho decreto el presidente de la República podía “contratar a dedo”, además también argumenta que querían “burlar” la ley de contratación.
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“¡LO LOGRAMOS! La @CConstitucional tumba art 35 del Dcto INVIR que permitía contratación multimillonaria con supuestas “organizaciones sociales” burlando la ley de contratación Nuestra demanda prosperó ante la Corte y @petrogustavo ya no podrá contratar a dedo”, escribió por medio de su cuenta de X el congresista perteneciente al partido Centro Democrático.

Adicionalmente el político contrario al Gobierno nacional subió un video junto con su publicación en el que comentó lo siguiente: “Acabamos de recibir la noticia de la Corte Constitucional que producto de nuestra demanda contra el decreto del Invir ha declarado inexequible el artículo 35 que pretendía servir de burladero de la ley 80, entregar la contratación pública multimillonaria a organizaciones sin la capacidad y seguramente a fines del gobierno y mucho más en vísperas de la campaña”.
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De igual manera, en el metraje el representante Hernán Cadavid manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte Constitucional, resaltando que la Procuraduría General de la Nación había apoyado previamente su pretensión legal. Destacó que el Ministerio Público había conceptuado que tenía la razón en su demanda contra el polémico artículo 35 del Decreto Invir, sumando su voz autorizada para cuestionar esa norma que abría la puerta a evadir los procedimientos de contratación estatal establecidos, según él.
A lo anterior agregó que: “Hoy la Corte Constitucional toma esta decisión producto de nuestra demanda. Estamos muy contentos con este resultado ante la opinión pública. Lo de siempre, estamos en nuestra tarea de oposición en el Congreso, en la calle y ante las instancias judiciales. El trabajo continúa, tengan fe que mientras haya Estado de derecho, podemos frenar un gobierno arbitrario como el de Petro que pretendía burlar la Ley 80 con este decreto, seguramente favoreciendo amigos y algunos sectores políticos que le votan en el Congreso”.
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Finalmente, cerró su video diciendo que “estamos contentos con este resultado. Hemos logrado la derogación del artículo 35 que permitía contratar sin montos, sin control alguno al gobierno nacional. Hoy tenemos este resultado y seguimos adelante”.
Pero no es la única demanda que ha realizado el representante hacia el Gobierno nacional últimamente, pues, mediante una misiva dirigida a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y a la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el congresista Hernán Cadavid, del Partido Centro Democrático, instó a adelantar una investigación sobre presuntos hechos irregulares y transgresiones a la normativa laboral vigente en el Sistema de Medios Públicos Rtvc, durante la gestión del gerente Hollman Morris.
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Las denuncias expuestas por el representante Cadavid, tanto en su comunicación oficial como en un material audiovisual difundido en plataformas digitales, apuntan a conductas presuntamente inapropiadas por parte del directivo Hollman Morris en el ejercicio de sus funciones al frente del Sistema de Medios Públicos. Los señalamientos sugieren la existencia de un entorno laboral adverso, con situaciones de hostigamiento y abuso de autoridad que habrían vulnerado los derechos de los trabajadores bajo su coordinación.
Los señalamientos aluden a un patrón de comportamiento que habría establecido un clima organizacional deficiente. Se mencionan presuntos episodios de segregación laboral, menosprecio público, encomiendas que desdecirían la dignidad profesional e intimidaciones, lo cual ha redundado en detrimento de las condiciones ocupacionales para el personal subordinado a su liderazgo directivo.
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