Colombia se prepara para implementar un nuevo sistema de biometría facial en sus procesos electorales, con el objetivo de evitar la suplantación de identidad.
El registrador general, Hernán Penagos, anunció que se llevarán a cabo pilotos de esta tecnología en noviembre en el área metropolitana del suroccidente del país, que incluye a Cali y algunos municipios del Cauca.
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De acuerdo con la información que reveló el funcionario en diálogo con Blu Radio, la Registraduría pondrá en marcha los pilotos de la biometría facial con el objetivo de asegurar nuevas medidas que permitan blindar los procesos electorales en Colombia.
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Penagos explicó que la consulta popular que se realizará en noviembre, en el suroccidente del país, será fundamental para evaluar la efectividad de la biometría facial como mecanismo de identificación en el momento de votar.
Además, destacó que esta tecnología no solo se limitará al ámbito electoral, sino que también se aplicará en sectores como la salud y las entidades financieras para agilizar procesos y reducir los riesgos de suplantación.
El uso de la biometría facial ya ha mostrado resultados positivos en colaboración con la Policía Nacional, proporcionando una herramienta adicional para la seguridad ciudadana. de acuerdo con lo que reveló el funcionario.
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“La implementamos con la Policía Nacional y estas aplicaciones están hoy en casi todos los dispositivos que tienen los cuadrantes. Es decir, los policías de seguridad ciudadana que piden y que están por las calles de Colombia, verificando la identidad de muchos colombianos, tienen hoy la aplicación que de manera gratuita la Registraduría le entregó hace unos meses a toda la Policía Nacional como una herramienta más para la seguridad ciudadana en el país”, dijo El registrador.
Penagos resaltó la importancia de contar con operadores tecnológicos capacitados para mantener y gestionar la validación facial, garantizando así la seguridad y eficiencia del sistema.
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En el futuro, la biometría facial podría tener aplicaciones aún más amplias en el país. Por ejemplo, se podría utilizar para reclamar medicamentos de alto costo, gestionar la suspensión de pagos para personas mayores y en diversas transacciones ante entidades financieras.
El registrador general enfatizó que estos operadores tecnológicos poseen la experiencia y la infraestructura necesarias para asegurar que el sistema funcione de manera óptima. La implementación de esta tecnología representa un avance significativo en la lucha contra la suplantación de identidad y la mejora de la seguridad en diversos sectores.
La consulta en la que se ejecutará el piloto
La Registraduría Nacional del Estado Civil convocó a una consulta popular para el próximo 24 de noviembre de 2024, en la que los habitantes de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada, Villa Rica y Cali decidirán si aceptan conformar el Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (Amso).
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El objetivo de esta consulta es abordar desafíos comunes en movilidad, infraestructura vial, seguridad, desarrollo económico, vivienda y conservación de recursos hídricos.
Estos problemas han surgido debido al crecimiento de los municipios del sur del Valle del Cauca y del norte del Cauca, que han superado sus márgenes y se han unido a través de dinámicas socioeconómicas y culturales, formando una unidad funcional pero no administrativa.
Para que el proyecto del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia tenga viabilidad jurídica, política y administrativa, es necesario que la población de cada municipio participe y vote afirmativamente.
Este mecanismo permitirá una administración coordinada que articule y oriente los esfuerzos de los siete municipios participantes para alcanzar objetivos concretos que mejoren la calidad de vida de la población, mediante el desarrollo conjunto de instrumentos de planeación y desarrollo territorial.
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Según la Ley 1625 de 2013, el proyecto será aprobado si la pregunta sometida a consulta popular obtiene el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos en cada territorio participante. La Registraduría trabajará en coordinación con los líderes municipales y la Fuerza Pública para garantizar la logística y seguridad del proceso electoral, permitiendo que los aproximadamente 2.390.289 votantes habilitados puedan participar sin coacción y en condiciones seguras.
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