La caída de la torre Aquarela, una construcción que se convirtió en símbolo de controversia en Cartagena por amenazar el patrimonio histórico de la ciudad, sigue dando de qué hablar. Mientras su demolición avanza tras años de debate, el reciente desarrollo judicial ha puesto un nuevo obstáculo en el camino del alcalde Dumek Turbay, que busca proteger los derechos de los inversores afectados por el proyecto.
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena inadmitió una demanda presentada por el alcalde contra las empresas Promotora Calle 47, Plano Constructivo y Alianza Fiduciaria, responsables de la construcción del edificio Aquarela, ubicado a escasos metros del Castillo de San Felipe de Barajas. La demanda tiene como fin que se reconozcan los derechos vulnerados de los compradores que invirtieron en el proyecto y que se les devuelvan los montos pagados por sus viviendas.
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Sin embargo, el juez consideró que la demanda no cumplía con ciertos requisitos formales para ser admitida. En el auto emitido por el juez, se señaló que, “el documento presentado por el Distrito no especifica de manera clara los hechos y acciones que motivan la demanda”. Además, se destacó que los constructores llevaron adelante el proyecto con todas las licencias de construcción que exigía la ley.
Sin embargo, el juez otorgó al Distrito un plazo de cinco días para subsanar los aspectos formales señalados, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la demanda sea admitida si se corrigen las deficiencias. Entre los aspectos que deben corregirse se encuentra la falta de especificidad en los actos concretos que justificarían la petición de indemnización y cumplir con la normativa que exige adjuntar una constancia del envío de la demanda y sus anexos a los demandados, un trámite necesario para la admisión de la acción judicial.
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“Lla normativa es clara al señalar la obligatoriedad, previa a la admisión, de que el demandante allegue constancia del envío de la demanda y sus anexos al demandado por medio electrónico o en su defecto por envío físico cuando se desconozca el canal digital de los demandados”, se lee en el documento.
La respuesta de la Alcaldía de Cartagena
Ante la inadmisión de la demanda, la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena expresó su confianza en que se podrán subsanar los errores señalados por el juez. “La demanda no fue rechazada, solo se pide hacer unas correcciones. A través de la Oficina Asesora Jurídica, se harán las modificaciones necesarias para demostrar que nuestros argumentos son válidos y legales, en defensa de los derechos de las familias afectadas”, señaló el Distrito.
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El caso de la torre Aquarela lleva más de siete años en disputa y ha generado una de las controversias urbanísticas y patrimoniales más relevantes de las últimas décadas en Colombia. La construcción, que inicialmente fue aprobada con los permisos y licencias correspondientes, ha sido duramente cuestionada por su impacto sobre el patrimonio histórico de Cartagena, ya que se encuentra a una cuadra del Castillo de San Felipe, un ícono de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad.
La polémica en torno al proyecto no solo gira en torno a su impacto patrimonial, sino también a los derechos de los compradores que invirtieron en apartamentos en el edificio. En agosto de 2024, el alcalde Turbay presentó una acción popular en defensa de las familias que adquirieron propiedades en la torre de 25 pisos. La construcción, ahora en proceso de demolición, había sido señalada por las autoridades por invasión de espacio público y otros defectos constructivos que afectaban tanto la estructura del edificio como el patrimonio cultural de la ciudad.
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El proceso legal sigue en curso, pero la inadmisión inicial de la demanda añade una capa más de incertidumbre sobre el futuro del edificio Aquarela y el destino de las inversiones realizadas en él. Mientras la Alcaldía se esfuerza por subsanar los aspectos formales de la demanda, los compradores afectados esperan respuestas y justicia.
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