En un reciente reporte para La W, el periodista Daniel Coronell reveló una serie de mensajes y comunicaciones que comprometen, nuevamente, al representante a la Cámara, David Racero, en posibles conductas irregulares.
Se trata de mensajes en los que Racero supuestamente discute el reparto de contratos en el Cesar con Álvaro Londoño, un director del Sena.
En estos intercambios, Racero sugiere que su “tío”, José Luis Mayorca, podría hablar con el director regional sobre esos contratos. Mayorca es un médico y político del Cesar que ha buscado, sin éxito, ser gobernador y senador, y cuyo nombre ha sido vinculado a cuestionamientos en torno a la administración de recursos de campaña, según información de Coronell.
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El periodista también recordó que, durante la presidencia de Racero en la Cámara de Representantes, tres personas contratadas por la Cámara terminaron haciendo donaciones a la campaña de Mayorca, lo que generó sospechas sobre la posible relación entre los contratos y los aportes económicos.
Primeros señalamientos por presuntas irregularidades en UTL
En una columna publicada el 29 de septiembre, también de Daniel Coronell, se hacen públicas unas comunicaciones relacionadas con la administración de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y su gestión de influencias políticas. Los señalamientos incluyen la presunta retención de parte del salario de una de sus asesoras, así como el uso de un asistente legislativo en actividades privadas.
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Según los mensajes publicados, Racero habría solicitado parte del salario de Estefanía Montoya, miembro de su UTL, e incluso en al menos una ocasión, ella habría pagado su tarjeta de crédito. Esta situación se desprende de una conversación en la que Montoya indica recibir un salario de 8.158.000 pesos, de los cuales entrega 3.500.000 pesos a su esposo, Yidis Gahona, y se queda con el resto. En otro mensaje, Racero le pide a Montoya que pague su tarjeta de crédito, lo que Coronell considera como evidencia de un posible mal uso de recursos públicos.
Uso de personal legislativo en actividades privadas
Otro de los hechos que Coronell denuncia es el posible uso indebido de recursos humanos pagados con fondos públicos. El periodista reveló que Leonardo García, asistente legislativo y conductor de Racero, habría trabajado en un minimercado de frutas y verduras (Fruver) de propiedad del congresista. Los mensajes muestran a García informando a Racero sobre las ganancias diarias del negocio y la necesidad de resurtir productos como arracacha, lo que sugiere que el asistente realizaba labores vinculadas al manejo del establecimiento comercial.
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Aunque Racero negó que García trabajara en su negocio, indicando que simplemente lo acompañaba y que en alguna ocasión pudo haber ayudado a levantar alguna caja, los mensajes muestran que el asistente también manejaba las finanzas del minimercado.
Respuesta y posibles investigaciones
David Racero, al ser consultado por Coronell, afirmó que está dispuesto a que la Corte Suprema de Justicia lo investigue penalmente, y solicitará a la Procuraduría que asuma el caso en el ámbito disciplinario. A pesar de su disposición a someterse a investigaciones, Racero ha evitado ofrecer más declaraciones sobre el tema, siguiendo el consejo de su abogado.
El representante había manifestado previamente su disposición a comparecer en El reporte Coronell, emitido en La W, para ampliar sus explicaciones, pero luego decidió no hacerlo hasta que finalicen las publicaciones del periodista sobre este caso.
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Coronell concluye su columna expresando que, si las mismas acusaciones estuvieran dirigidas a un congresista de la derecha, David Racero probablemente pediría una revisión exhaustiva de sus actuaciones. La situación plantea dudas sobre la transparencia de la gestión del representante, un miembro destacado del Pacto Histórico y defensor de la lucha contra la corrupción.
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