Consejo de Estado admitió demanda de María Fernanda Cabal contra directriz de la Fiscalía que despenaliza las protestas sociales en el país

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó una demanda de nulidad el 17 de septiembre contra la directriz firmada por Luz Adriana Camargo, que establece nuevas normas para tratar la protesta social en Colombia. Esta acción legal se da luego de advertir que actuaría jurídicamente contra la Fiscalía General de la Nación por el mismo motivo.

Posteriormente, el 30 de septiembre, por medio de su cuenta de X, la legisladora perteneciente a la oposición al Gobierno de Gustavo Petro confirmó que dicha demanda fue aceptada por el Consejo de Estado, y dijo que las garantías deberían ser para los ciudadanos y no para “los violentos”.

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En su mensaje la senadora María Fernanda Cabal anunció que el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad que interpuso contra la Directiva 0001 de la Fiscalía. Dicha directriz, según Cabal, pretende disminuir el accionar de la fuerza pública y los fiscales ante actos violentos durante las protestas sociales. Cabal manifestó que la garantía debe ser para los ciudadanos y no para quienes ejercen violencia en las movilizaciones.

“Consejo de Estado me anuncia que admitió la demanda de nulidad que interpuse contra la Directiva 0001 de la Fiscalía que pretende disminuir el actuar de la Fuerza Pública y fiscales ante la violencia en las llamadas protestas. La garantía debe ser para los ciudadanos no para los violentos”, escribió la congresista.

E n el documento compartido por la senadora se lee que el despacho decidió admitir la demanda presentada por María Fernanda Cabal Molina, quien invocó el medio de control de nulidad contra la Directiva 0001 del 10 de septiembre de 2024, expedida por la Fiscalía General de la Nación.

El auto también dispuso la notificación de la providencia al demandante, es decir María Fernanda Cabal, “según lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente”, y requirió una notificación personal a la entidad demandada, así como al Ministerio Público, conforme a las disposiciones aplicables.

Además, ordenó remitir una copia electrónica de la demanda, sus anexos y el auto admisorio al buzón de notificaciones judiciales de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También estableció un traslado de la demanda para que la parte demandada y el Ministerio Público pudieran contestarla en el plazo previsto por la norma, proponiendo excepciones, solicitando pruebas, llamando en garantía y, si correspondía, presentando una demanda de reconvención. La entidad demandada fue requerida para allegar el expediente administrativo que contenía los antecedentes del acto acusado.

Y es que, cuando se dio a conocer la directriz de la Fiscalía General de la Nación, la congresista la había cuestionado diciendo que esta se podría convertir en un “blindaje para actos delictivos”. Además en aquel momento ya había anunciado la demanda que recientemente fue aceptada por el Consejo de Estado.

“La modificación de la Fiscalía a los lineamientos de la manifestación no debe convertirse en un blindaje frente a actos delictivos. Voy a demandar esta directiva que subestima la importancia de investigar cualquier comportamiento que pueda derivar en hechos criminales”, dijo la senadora en aquel momento por medio de su cuenta de X.

El nuevo lineamiento de la Fiscalía destaca que el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución y que los actos de protesta, aunque puedan alterar el orden público, no deben ser objeto de persecución o sanción penal únicamente por esa razón. Esta postura establece una clara distinción con respecto al modelo anterior, al enfatizar la investigación de delitos cometidos durante las protestas sin prejuzgar ni discriminar a los manifestantes, tal como afirmó el documento firmado por la Fiscal Camargo.

Otra de las transformaciones destacables es la delimitación del poder punitivo del Estado. La directriz establece que ciertos comportamientos, como el uso de lenguaje fuerte o expresiones vehementes de inconformidad, no deben considerarse como violencia contra servidores públicos. De esta manera, se busca evitar la criminalización de las expresiones verbales o simbólicas durante las protestas.