En el Congreso de Comerciantes Empresarios de Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que se llevó a cabo en Barranquilla, el exfiscal general Francisco Barbosa habló en rueda de prensa sobre el sistema de espionaje israelí Pegasus.
“Nosotros no tuvimos ningún tipo de información sobre Pegasus cuando yo fui fiscal, nos vinimos a enterar con esta declaración que dio el presidente Petro”, afirmó.
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En ese sentido, expresó su preocupación por la suspensión de la UIF Colombia del grupo Egmont: “Como exfiscal General de la Nación me preocupa la exclusión de Colombia de una organización internacional que verifica, válida y coordina esfuerzos para la lucha contra el lavado de activos del mundo”.
El pasado 4 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló el supuesto pago de 13 millones de dólares para la adquisición del software israelí Pegasus durante el mandato del expresidente Iván Duque, violando, según el grupo Egmont, los acuerdos de confidencialidad y estándares de responsabilidad que adquieren los países una vez ingresan a la organización.
Sobre los impactos y repercusiones para el país, Barbosa sostuvo que no ve con buenos ojos la exclusión de la red para intercambiar información sobre lavado de activos, delitos asociados y financiación del terrorismo.
“Es gravísimo no estar en este grupo, pues en la actualidad el crimen no solamente es local, sino que es transnacional”, explicó. De igual manera, aseguró que los principales beneficiados de la denuncia de Petro sobre Pegasus son los criminales internacionales que “están felices moviendo recursos de un lugar a otro”, aseveró.
Para el ex alto funcionario, Colombia queda vulnerable y sin herramientas fundamentales para afrontar la lucha contra el crimen. A propósito, puntualizó: “Nos quedamos sin los mecanismos legales por culpa de las revelaciones de información internacional de carácter secreto”.
Exfiscales advierten riesgos para el país por dejar de pertenecer al grupo Egmont
En entrevista con Blu Radio, varios exfiscales generales de la Nación señalaron que la suspensión emitida por el organismo internacional tendrá un fuerte impacto en la capacidad del país para rastrear flujos de dinero ilícitos. Para el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, una de las consecuencias de la medida es la falta de acceso a documentos de inteligencia y datos significativos, por lo que las investigaciones penales serán más difíciles de realizar.
El exfuncionario también sostuvo que Colombia quedó asilada de una fuente clave de inteligencia financiera global. A su juicio, limita en gran medida la capacidad del Estado para atender delitos financieros y colaborar en investigaciones internacionales. Así las cosas, resaltó que dicha desconexión ralentizará y obstruirá las investigaciones sobre crímenes financieros, por lo que la capacidad de las autoridades del país perderán efectividad en la lucha contra estas actividades delictivas.
Con una visión similar, el exfiscal Mario Iguarán aseguró al medio citado que “un gran porcentaje de noticias criminales e indagaciones que apertura la Fiscalía General de la Nación proviene de los reportes de información sospechosa generada por la UIAF. Por medio de estos informes, la Fiscalía ha tenido suficientes motivos para desplegar actos de investigación como interceptación de llamadas, seguimiento de personas y estudios periciales financieros”.
A su vez, explicó que se reducirá el porcentaje de casos iniciados por lavado de activos, ya que estos eran identificados gracias a las alertas de la UIAF. Sin embargo, mencionó que existe la posibilidad de que estos efectos no sean permanentes, puesto que la medida es preventiva y no definitiva.
Mientras la entidad anuncia su decisión final, “Colombia no podrá seguir formando parte de la cadena de cooperación. Además, no podrá recibir información del extranjero, lo que reducirá considerablemente la capacidad de investigación de la Fiscalía”, resaltó.
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