La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una resolución en la que decreta medidas cautelares sobre las instalaciones del Batallón de Logística y Contrainteligencia del Ejército Nacional, también conocido como la antigua Brigada XX, ubicado en San Cristóbal, Bogotá.
Esta decisión responde a la posible presencia del cuerpo de Pedro Julio Movilla Galarcio, líder del Partido Comunista, desaparecido en 1993. Las medidas de protección fueron adoptadas tras las declaraciones del sargento retirado José Leonairo Dorado Córdoba, que ofreció detalles cruciales sobre la desaparición forzada de Movilla.
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Testimonio clave de José Leonairo Dorado
El sargento Dorado, que trabajó en la Brigada XX de Contrainteligencia del Ejército Nacional entre 1986 y 1997, declaró ante la JEP sobre su participación en operativos de seguimiento y hostigamiento contra líderes de izquierda, como Pedro Movilla. Según Dorado, la desaparición del dirigente comunista fue precedida por meses de vigilancia en su residencia en el barrio Timiza y en los lugares que frecuentaba. En mayo de 1993, Movilla fue abordado por miembros de la Fuerza Pública, quienes lo secuestraron y, según las declaraciones, lo sometieron a tortura y finalmente lo asesinaron.
En entrevista con W Radio, Dorado reveló la existencia de una política de exterminio dirigida contra líderes de izquierda, algo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años. El testimonio de Dorado también incluye detalles de cómo las actividades de inteligencia fueron utilizadas para realizar seguimientos ilegales a líderes políticos y sociales. Estos seguimientos condujeron a la comisión de crímenes graves como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
A raíz de las declaraciones del exmilitar, las familias de las víctimas, junto con el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), solicitaron a la JEP medidas cautelares urgentes para proteger los sitios mencionados en su testimonio. Estas instalaciones incluyen la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército, donde podrían estar inhumados los cuerpos de Pedro Movilla y otras víctimas de desaparición forzada, como Amparo Tordecillas y Alirio Pedraza, quienes, según Dorado, también fueron torturados y asesinados por unidades militares.
“Consideramos urgente que la JEP ordene la protección sobre las instalaciones del Batallón de Logística, que queda en San Cristóbal, para que no sean desaparecidos los restos de Pedro Julio nuevamente ni los de otras personas víctimas de desaparición forzada”, declaró Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar) y exigió la desclasificación de los archivos de la Brigada XX, argumentando que esta información es crucial para esclarecer quiénes fueron víctimas de seguimientos y actos criminales por parte de agentes del Estado.
“Las declaraciones de Dorado una vez más ratifican que en Colombia hubo una política de persecución y exterminio contra la Unión Patriótica, partidos y personas con pensamiento de izquierda, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, afirmó Cajar en un comunicado.
El drama de la familia Movilla
Candelaria Vergara, compañera de vida de Pedro Julio Movilla, y su hijo, José Movilla Vergara, han vivido una búsqueda constante por más de 31 años. Ambos conservan, ahora, la esperanza de encontrar finalmente los restos de su ser querido y darle una sepultura digna.
“Llevo 31 años y muchos meses buscando y llorando. Mis hijos y yo hemos sufrido mucho. Pedimos a esta sociedad, a todas las entidades, y a las organizaciones que pidan que ese sitio sea protegido para que el cuerpo de Pedro no lo vuelvan a desaparecer. Queremos que nos lo entreguen dignamente y darle un último adiós”, expresó Candelaria, antes que fueran decretadas las medidas cautelares. Por su parte, José Movilla añadió: “Es una súplica humanitaria; necesitamos descansar de este dolor que ha estado comiéndose nuestras almas durante 31 años”.
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