
Un grupo de indígenas embera, que no retornó a su territorio en el occidente del país, protagonizó durante la tarde del martes 18 de septiembre un tensionante suceso en el que retuvieron ilegalmente a funcionarios de la alcaldía Mayor de Bogotá, a los que también amenazaron con ponerles el cepo, en la sede de la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja en el centro histórico de Bogotá.
Los integrantes de la comunidad ancestral forman parte de los más de 700 que permanecieron en la capital colombiana desde 2021, luego de ser desplazados de manera forzada por grupos armados organizados en la región Pacífica. No obstante, este grupo en particular decidió quedarse en la ciudad, pese a que el resto regresó a sus territorios hace dos semanas.
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De acuerdo con un comunicado de la Consejería para las Víctimas, Paz y Reconciliación de la capital colombiana, todo ocurrió porque los indígenas no estaban conformes con la entrega de unas ayudas humanitarias que les brindó el Distrito.
“Cuatro funcionarios de la Unidad para las Víctimas y una funcionaria de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación fueron retenidos por la comunidad Emberá Katío. Este hecho tuvo lugar en el marco del acompañamiento de la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación a la Unidad para las Víctimas en la entrega de 366 kits alimentarios”, informaron.
Aunque intentaron mediar con los indígenas, que no aceptaron los alimentos, la situación escaló y resultaron retenidos de forma ilegal por ellos, que incluso los amenazaron con someterlos a uno de sus castigos ancestrales, pese a que se les ha indicado en varias oportunidades que en Bogotá no rige su jurisdicción.

“La comunidad se negó a recibir los productos. Posteriormente, la guardia indígena acordonó la infraestructura, reteniendo a los funcionarios por más de una hora y amenazándolos con llevarlos al cepo”, agregaron.
También recordaron que desde el Gobierno Distrital han estado comprometidos en apoyar a esa comunidad indígena como se demostró con la logística que dispusieron para que regresaran a sus territorios por lo que condenaron ese episodio y anunciaron que recurrirán a medidas legales.
Ante este señalado acto agresivo de los embera, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó los hechos a través de su cuenta oficial en la red social X.
“Bogotá ha hecho lo posible por garantizar los derechos de la comunidad Emberá en la ciudad (...) Estos hechos son inaceptables y no los permitiremos en Bogotá. Desde el Distrito pondremos las respectivas denuncias ante la @FiscaliaCol y tomaremos todas las medidas para que situaciones como esta no se repitan (sic)”, trinó.

También se pronunció la directora de la entidad afectada, Isabelita Mercado, que aunque también rechazó lo ocurrido, aclaró que continuarán brindado los servicios que se les está prestando a los indígenas.
“Seguiremos trabajando por el bienestar de la población asentada en la ciudad pero no toleraremos ningún tipo de situación que vulnere los derechos y la dignidad de los funcionarios públicos (sic)”, indicó en la misma red social.
El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, reprochó el comportamiento de estos ciudadanos que protagonizaron ese hecho y reiteró que el Distrito ha sido garante de sus derechos ante esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
“Profundamente injusto que miembros de la comunidad Emberá atenten contra la integridad de las personas de la alcaldía @Bogota y del gobierno nacional que trabajan con profunda convicción por su bienestar (sic)”, publicó.

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