Sala plena del CNE podría realizarse en guarnición militar, según presidenta Maritza Martínez: hay presiones por investigación a la campaña Petro Presidente

Las familias de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han visto obligadas a abandonar el país debido a amenazas y presiones relacionadas con la votación que llevarán a cabo para investigar las irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La sesión del CNE, prevista para el lunes 16 de septiembre, podría llevarse a cabo en una guarnición militar o comando de policía, según informó la presidenta del CNE, Maritza Martínez, a Blu Radio.

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El CNE tiene programada una sala plena en la que se debatirá y votará el proyecto de pliego de cargos estructurado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en el que se alega que la campaña de Petro superó los límites electorales por más de 5.300 millones de pesos en ambas vueltas de las elecciones presidenciales 2022. Ante la sensibilidad del caso y las presiones recibidas, los funcionarios del CNE evalúan opciones de seguridad que incluyen la sesión bajo protección de la Fuerza Pública.

Fuentes internas, cercanas a la magistrada Maritza Martínez le indicaron a Semana que el temor y la tensión en la sala plena son palpables. Un magistrado cuya identidad se mantuvo en reserva, declaró a esta revista: “No sabemos si vamos a poder entrar al edificio este lunes, y menos tenemos claro si podremos salir”. Este ambiente de incertidumbre ha llevado a algunos togados a tomar medidas drásticas por seguridad, como evitar apariciones públicas o salir con escoltas.

En febrero, durante la elección del fiscal general en el palacio de Justicia, se vivieron cerca de líderes petristas que generaron una presión significativa, un escenario que los magistrados temen se repita en esta ocasión. La votación del pliego de cargos podría verse retrasada también por estrategias judiciales de la defensa de Petro, como la solicitud de rotación del expediente por parte de la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana a la Presidencia de la República. Si dicha solicitud prospera, el proceso podría retrasarse aún más.

El presidente Petro ha denunciado un presunto golpe de Estado en su contra, calificando la investigación como parte de una conspiración integrada por magistrados del CNE, congresistas y mafiosos políticos. “Son unos magistrados, unos miembros del CNE, entre ellos un sindicato que es el encargado de juzgarme, unos congresistas y unos mafiosos políticos, entre ellos los grandes contrabandistas del país los que fraguan el golpe de Estado y el lunes comienza”, escribió Petro. en sus redes sociales.

Este clima adverso obligó a algunos magistrados, como Álvaro Hernán Prada, a enviar a sus familias al extranjero por seguridad. La revista Semana informa que, aunque no ha habido amenazas directas contra Prada, sí ha recibido advertencias sobre posibles agresiones por parte de grupos armados beneficiados con la paz total impulsada por el gobierno.

El Consejo Nacional Electoral opera actualmente en un edificio privado en una zona céntrica de Bogotá, custodiado por algunas medidas de seguridad policial. Sin embargo, las tensiones actuales han hecho que se incrementen las medidas de seguridad, con algunos magistrados optando por salir únicamente acompañados de sus escoltas.

A pesar de la intimidación y la exposición pública a la que se enfrenta, el CNE sigue adelante con la agenda que incluye, en su segundo punto del orden del día, el debate y posible votación del pliego de cargos que podría resultar en una investigación formal. contra Petro y su gerente de campaña, Ricardo Roa.

El abogado de Petro, Héctor Carvajal, ha solicitado al CNE abstenerse de votar hasta que el Consejo de Estado defina la competencia del CNE para investigar al presidente en calidad de candidato. Esta decisión, junto con la solicitud de Velásquez, serán determinantes en la próxima reunión del CNE y servirán como un termómetro para medir el rumbo del proceso.

Los magistrados del CNE, que requieren seis votos de ocho para cualquier decisión, podrían llamar a un conjuez si la votación no alcanza la mayoría requerida, prolongando aún más el proceso. Esta sesión del lunes 16 de septiembre será crucial para definir si se abre una investigación formal o si el caso se archiva.