La Procuraduría General de la Nación anunció una vigilancia preventiva sobre la intervención de la empresa Air-e, que está bajo el control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La procuradora Margarita Cabello señaló que el objetivo de esta supervisión es asegurar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, debido a la preocupación generada tras la intervención.
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La intervención de Air-e ha despertado temores entre los usuarios, recordando la crisis provocada por Electricaribe. Cabello subrayó que estarán atentos para garantizar que se implementen las medidas necesarias para proteger a los habitantes de la región.
Asimismo, hizo un llamado para que se cumpla con el pago de los subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, con el fin de evitar un “efecto cascada” que podría poner en riesgo al sector energético tanto en la región como en el resto del país.
La Procuraduría reafirmó que su prioridad es salvaguardar los derechos de los usuarios, en especial aquellos que cuentan con especial protección constitucional. Esta vigilancia preventiva, aseguró Cabello, permitirá mantener la calidad del servicio eléctrico y evitar que se repitan los problemas vividos con la antigua operadora de energía.
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Finalmente, la Procuraduría reiteró su compromiso de velar por la estabilidad del sector energético y proteger a los usuarios más vulnerables. Destacaron que la intervención busca evitar el resurgimiento de las dificultades que trajo Electricaribe en su momento.
Intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos
El Gobierno nacional decidió tomar el control de la empresa Air-e para garantizar el suministro de energía eléctrica a casi cinco millones de habitantes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La intervención fue solicitada por la misma empresa debido a una crisis en el sector energético, derivada de los altos costos de generación y la volatilidad en el mercado.
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios nombró a Carlos Diago como gerente interventor para asegurar el buen funcionamiento de la compañía, indicando que la medida inicial durará un año, aunque podría extenderse.
El superintendente Dagoberto Quiroga afirmó que el objetivo principal es garantizar que los habitantes de la región tengan acceso a un servicio eléctrico de calidad sin enfrentar tarifas desproporcionadamente altas, como ha sido una queja constante de los usuarios. Air-e, por su parte, había señalado que los problemas económicos se debían en parte al aumento en los costos de generación y a las condiciones del mercado, que afectaron su estabilidad financiera.
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Sin embargo, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) contradijo las explicaciones de la empresa, aclarando que las tarifas en la región subieron principalmente por el cobro de la deuda acumulada durante la congelación de tarifas en la pandemia. Según Acolgen, esta política provocó que los usuarios de Air-e vieran duplicados sus costos, en comparación con otras regiones del país.
Aunque el Gobierno ha prometido modificar la normatividad a través de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) para aliviar las tarifas, hasta ahora no se han implementado cambios concretos.
Este no es el primer caso en que una empresa de energía en la región Caribe es intervenida. A finales de los años 90, durante el gobierno de César Gaviria, se liquidaron las electrificadoras departamentales por ineficiencia y corrupción. Posteriormente, Electricaribe asumió la operación, pero debido a problemas graves en la prestación del servicio, fue intervenida en 2016 y liquidada en 2017.
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En 2020, bajo la presidencia de Iván Duque, el mercado de energía en la región Caribe se dividió en dos: Afinia cubre Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, mientras que Air-e se encarga de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Ahora, con esta nueva intervención, el Gobierno busca evitar que se repita la crisis que vivieron los usuarios bajo Electricaribe y lograr un servicio de energía eficiente y a tarifas justas para la población afectada.
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