Empresaria palmera que se sometió a la JEP habló de sus vínculos con los paramilitares y con los hermanos Castaño: “Tenían grandes relaciones sociales”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de la empresaria y representante legal de Urapalma, Katia Patricia Sánchez Mejía, una de las compañías que fue fundamental en el plan del paramilitarismo para aliarse con el empresariado en Córdoba y Antioquia.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció cuál fue el plan de verdad que la empresaria y también esposa de Hernán de Jesús Gómez Hernández, conocido como el asesor de los hermanos Castaño, ofreció a la justicia especial y que involucra directamente a los comandantes de las AUC Carlos y Vicente.

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De hecho, Sánchez Mejía entregó un documento de 37 páginas llenas de respuestas a las más de cien preguntas que la JEP le envió para evaluar su sometimiento y, aunque presenta algunas contradicciones, relató cómo llegó a ser accionista de Urapalma, una de las primeras compañías de palma que aterrizó en el Urabá.

Según narró en su escrito de admisión revelado por la revista Cambio, como contrapartida por la asesoría de su esposo, Vicente Castaño entregó a Gómez Hernández el grupo de acciones que equivalían al 3,82 % de Urapalma.

Sin embargo, estas acciones no quedaron en manos de Gómez, sino en las de Katia Patricia Sánchez Mejía, que desempeñó un papel clave como representante legal de la empresa entre 2004 y 2007.

En el libro La palabra bajo fuego, del expresidente Andrés Pastrana, se revela que durante su gobierno se autorizó una comisión para aproximaciones reservadas con paramilitares. En sus gestiones, Pastrana autorizó a personalidades como Rodrigo García Caicedo, que viajó a España junto a su hijo Jaime García para entrevistarse con el presidente Felipe González.

Andrés Pastrana señaló que también Hernán Gómez Hernández, persona de confianza de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), participó en estas gestiones secretas.

Hernán Gómez, en compañía de Rodrigo García, también tuvo reuniones en México con Gabriel García Márquez y los presidentes Felipe González, de España, y Ernesto Zedillo, de México.

La participación de Gómez Hernández y Sánchez Mejía en las dinámicas paramilitares y empresariales resaltarían cómo las actividades legales e ilegales se entrelazaron en esa época. Según el documento entregado a la JEP para la justicia especial, Sánchez Mejía aceptó que estaba socialmente relacionada con los paramilitares y otros actores del conflicto.

“Me relacioné socialmente con los Castaño y con Mancuso, porque tenían grandes relaciones sociales en Córdoba. Tenía conocimiento de que eran hombres que realizaban actividades fuera de la ley, pero socialmente eran aceptados, incluso por el Gobierno y las Instituciones. Además, se habían enfrentado a Pablo Escobar, trabajando con los Pepes, con el Bloque de Búsqueda, la CIA y la DEA”, señaló Sánchez en el documento revelado por Cambio.

La empresaria también destacó su rol indirecto en el conflicto, señalando haber conocido a numerosos personajes en misión de paz que pasaban por su casa, incluyendo a Álvaro Leyva y monseñor Duarte Cancino.

“Muchos políticos nacionales e internacionales que iban hablar con los Castaño y Mancuso. Muchas veces Hernán estaba en el exterior y yo avisaba a un teléfono especial que esas personas habían llegado y estaban pendientes. La vida social de Carlos Castaño era muy activa especialmente con dirigentes de Córdoba y Antioquia. En una ocasión asistí a un cumpleaños de Mancuso, era un verdadero festival de orquesta donde estaba toda la dirigencia empresarial y política de la costa, sería muy difícil hacer una lista de los invitados. En una ocasión acompañamos al alto de paramillo a Gustavo Álvarez Gardeazabal quien visitaba a Carlos Castaño frecuentemente”, comentó la mujer.

En cuanto a su llegada a Urapalma en 2004, la empresaria explicó a la JEP que fue debido a malos manejos por parte de otros empresarios. Katia Sánchez detalló que el capital inicial de Urapalma fue de mil millones de pesos, con varios socios fundadores participando en la empresa. Aseguró que fue Vicente Castaño quien le dio la orden de asumir la representación legal de Urapalma.

“El 31 de octubre de 2004, en junta directiva, los señores Carlos y Antonio Zúñiga y Jairo Alonso Brujes me ofrecieron la representación legal, lo cual fue aprobado por Vicente Castaño”, señala el escrito.

La relación con los paramilitares tuvo un cambio cuando Carlos Castaño acusó a Hernán Gómez de mantener relaciones con las guerrillas, lo que motivó numerosos incidentes y cambios en su participación dentro de Urapalma.

Sánchez Mejía relató que “Carlos Castaño le reclamó a Hernán varias veces porque tenía relaciones con gente de las Farc. Incluso, hubo un atentado contra Hernán en Rionegro en el año 2000″.

Vicente Castaño fue señalado como una figura central en las operaciones de adquisición de tierras que Urapalma llevó a cabo, a menudo bajo la amenaza y desplazamiento de campesinos. Sin embargo, la empresaria palmera justificó su actuar señalando que Vicente separaba rigurosamente sus negocios legales de las actividades paramilitares.

“Aprovechaba su conocimiento sobre las regiones que quedaban libres de guerrilla después del accionar paramilitar para comprar buenas tierras o participar de empresas mineras y ganadera”, justificó Sánchez en declaraciones recogidas por Cambio.

Además, Urapalma llegó a tener más de 1.300 trabajadores y, según Katia Sánchez, la empresa no financiaba operaciones paramilitares. No obstante, reconoció que las víctimas del despojo presentaban quejas constantes sobre las adquisiciones ilegales de tierras. “Conocí sobre el despojo y la adquisición ilegal de las tierras a partir de octubre de 2004 cuando asumí el rol de representante legal de Urapalma”.

La JEP ha aceptado el sometimiento de Sánchez Mejía, pero ha advertido que debe aportar información relevante para esclarecer los hechos ocurridos dentro del conflicto armado. La justicia especial mencionó que de los aportes de Sánchez “se puede inferir que tiene información potencial que podría dar a esta jurisdicción un mejor entendimiento del conflicto armado y de las dinámicas de macrovictimización”.