En la jornada de este 12 de septiembre se conoció que en Melgar fueron capturados cuatro policías activos por, presuntamente, recibir pagos a cambio de no hacer operativos de seguridad, que dejaron vulnerables las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana en el Tolima. En Melgar, los uniformados, ahora despojados de su investidura policial, quedaron detenidos.
“Por solicitud de esta Fiscalía, 4 policías fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario por la presunta comisión de delitos contra el Servicio y la Administración pública, en hechos ocurridos el pasado 22 de agosto”, se lee en una comunicación oficial de la Fiscalía Militar y Policial.
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“Llegaron a conocer un caso donde varios ciudadanos se encontraban consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública en Melgar. Estando en el sitio, al parecer no realizaron el procedimiento establecido con los reglamentos de Policía y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros, no incautaron un arma traumática tipo pistola que portaban los ciudadanos, omisiones que presuntamente se originaron por recibir una suma de dinero”, señaló.
En el citado comunicado de la Fiscalía Militar y Policial se lee que los cargos para los uniformados son: abandono del puesto, prevaricato, cohecho propio y falsedad ideológica y documento público.
Dos generales, uno de ellos salpicado en caso de corrupción, no seguirán
El general Héinar Puentes Aguilar y el general Óscar Lamprea están en peligro de ser removidos de sus funciones en la Policía Nacional, según decisiones que tomó el general William René Salamanca, de acuerdo con la versión periodística que dio a conocer Semana el lunes 9 de septiembre de 2024. Y que están íntimamente vinculadas con los próximos cambios que se llevarán a cabo en la institución, que saldrá de estos dos altos oficiales.
Puentes, que actualmente es el director de Bienestar Social de la Policía, se encuentra –de acuerdo con los antecedentes– bajo la sombra de una presunta relación con la red de contrabando liderada por alias El Bendecido, tras el reporte que al momento de la captura del criminal dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la exvicefiscal y fiscal encargada Marta Mancera; la segunda de Francisco Barbosa.
En efecto, Mancera explicó la magnitud del caso de contrabando en el que Puentes estaría involucrado, en su condición de anterior comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), cuando tenía el grado coronel. “El Bendecido era el mayor contrabandista de Colombia”, dijo la funcionaria en su momento sobre este hombre, que estaba en la mira de las autoridades y que, al parecer, tenía fuertes nexos con miembros de la fuerza pública.
“Lo más importante de esta actividad es decirles a los colombianos que esta Fiscalía lo único que hizo estos cuatro años fue precisamente impactar las estructuras criminales”, agregó la exfiscal (e), sobre el delincuente capturado en abril de 2024, en material probatorio que salpica al alto oficial, sobre supuestos pactos con esta organización para pasar los diferentes filtros en los puertos marítimos del país.
Ricardo Orozco Baeza, su nombre de pila, es identificado como el zar del contrabando en Buenaventura, que cayó tras el operativo que se llevó a cabo durante seis meses, en el que, según explicó la funcionaria, se recolectó el material probatorio necesario para legalizar el procedimiento de captura. En este caso también fue mencionado el policía Alexander Galeano Ardila, que presuntamente cooptaba a otros funcionarios para permitir el ingreso de mercancías sin pagar impuestos al Estado.
Esta situación causó extrañeza, pues hasta hace una semana el general Salamanca había respaldado a Puentes en su cargo como director de Bienestar. Pese al respaldo inicial, tal parece que las evidencias acumuladas habrían generado la necesidad de considerar su remoción de su cargo, en una situación que ha generado ciertas inquietudes sobre la imagen de la Policía y su lucha contra la criminalidad; y sobre el propio Puentes.
Y es que este tipo de casos, en los que habría presencia de oficiales, no solo afectan la integridad de la institución, sino también la lucha contra redes de contrabando a nivel nacional e internacional. En ese entonces, Mancera hizo énfasis en lo importante que era entender cómo estas estructuras criminales logran mover dinero y propiedades a través de actividades ilícitas en el territorio nacional y permearse entre los organismos de seguridad.
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