En la mañana del 10 de septiembre, se conoció que el Gobierno Petro trabaja en un borrador que modificaría la política de Paz Total en Colombia. De acuerdo con el documento, se establecerá un marco operativo para distinguir entre grupos armados con intenciones políticas y aquellos que serán sometidos a la justicia. Según la reciente divulgación del Gobierno, este decreto busca sentar las bases para negociaciones y acercamientos destinados a pacificar el país.
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El documento, aun en fase de borrador, modifica y adiciona capítulos y artículos al Decreto 1081 de 2015, específicamente en el título 6 del libro 2. En un primer artículo, establece que este título se denominará “Título 6 de la Política de Paz”. Luego, se añade el capítulo 1 que abarca las negociaciones y diálogos dentro del marco de la política de paz, con el propósito claro de buscar la paz y la convivencia pacífica en el país.
“El presente capítulo tiene por objeto establecer un marco operativo para las negociaciones y diálogos, y los acercamientos y conversaciones, en el marco de la política de paz que incluye acciones orientadas a la búsqueda de la paz y a la convivencia pacífica”, se puede leer en la primera parte del documento.
Las definiciones contenidas en el nuevo capítulo del decreto son cruciales:
- Diferencian entre los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), los Grupos Armados Organizados (GAO) y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
- Los Gaoml son rebeldes con un mando responsable y capacidad operativa sostenida, con quienes se entablarán diálogos políticos. Los GAO son similares en estructura y control territorial, referenciados en la Ley 1908 de 2018.
- Las Eaocai son organizaciones criminales jerárquicas dedicadas de forma continua a actividades ilícitas que pueden incluir violencia contra la población civil.
La política de paz se articula en dos procesos: negociaciones políticas con Gaoml y acercamientos orientados al sometimiento a la justicia, y desmantelamiento de Eaocai y GAO. Además, se instituye una mesa de diálogos para la paz, donde representantes autorizados por el presidente y voceros de los grupos dialogantes negociarán acuerdos, siempre bajo la certificación de participación y reconocimiento de los territorios donde operan.
El decreto especifica que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicará estos reconocimientos a entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. También incluye disposiciones para suspender órdenes de captura, excepto en casos de flagrancia por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
“La Oficina del Consejero Comisionado de Paz facilitará y articulará con las entidades competentes las medidas necesarias, incluyendo aquellas tendientes a garantizar la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de negociación y diálogo, o acercamientos y conversaciones. En relación con personas privadas de la libertad, el Consejero Comisionado de Paz articulará con las autoridades judiciales y penitenciarias para que se establezcan las medidas requeridas de participación en los establecimientos de reclusión, ordinarias o especiales”, indica el borrador del documento.
En términos de financiación, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz coordinará con las entidades pertinentes para asegurar los recursos necesarios. Las autoridades territoriales, dentro de su autonomía administrativa y presupuestal, también dispondrán de recursos para financiar acciones en sus jurisdicciones. Esto se gestionará a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Este nuevo borrador de marco normativo detalla las condiciones de participación en los procesos de negociación y diálogo, incluyendo medidas de seguridad e integridad para los participantes privados de libertad, en coordinación con las autoridades judiciales y penitenciarias.
La normativa apunta a que las disposiciones contenidas no alteran el marco jurídico aplicable a las operaciones de la Fuerza Pública, y establece que la designación de voceros de Eaocai deberá evidenciar un compromiso de desmantelamiento y tránsito hacia el Estado de derecho.
Esta iniciativa responde a la necesidad de crear una estructura legal y operativa clara para avanzar en los proyectos de paz en Colombia, diferenciando adecuadamente entre los distintos tipos de actores armados y adaptando las estrategias a cada perfil para conseguir una paz duradera y efectiva.
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