El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) declaró insubsistente el nombramiento de Jaime Augusto Blanco, que se desempeñaba en el cargo de director de la Cárcel de Cúcuta (Norte de Santander).
La entidad tomó la decisión a través de una resolución del 9 de septiembre del 2024, luego de conocerse denuncias por presuntas irregularidades dentro del centro penitenciario.
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Jaime Blanco ejercía su cargo desde el 8 de agosto del presente año, cuando llegó a la ciudad en remplazo de Ángelo Torrado.
En el artículo 1 del documento firmado por el teniente coronel Daniel Fernando Gutierrez Rojas, se lee: “Declarar insubsistente el nombramiento del señor Jaime Augusto Blanco Parra, titular del empleo denominado Director de Establecimiento de Reclusión código 1095, clase IV del Complejo Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Cúcuta”.
“La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y contra la presente no procede recurso alguno en sede administrativa”, agregó en el artículo 3.
Problemas en la implementación del convenio entre el Inpec y la Alcaldía de Cúcuta
La implementación del convenio interadministrativo entre el Inpec y la Alcaldía de Cúcuta ha enfrentado significativos problemas, según reportó el diario regional La Opinión. Los retrasos en los traslados de privados de libertad (PPL) desde las estaciones de policía a la penitenciaría Modelo han generado rumores sobre un posible desacuerdo del nuevo director del centro penitenciario, Jaime Augusto Blanco.
“No existe una voluntad real de parte del señor director del complejo carcelario de trasladar a todas las PPL que se encuentran en las estaciones de policía”, declaró Luis Eduardo Castañeda, presidente del sindicato del Inpec-Fecospec, a La Opinión. Desde la llegada de Blanco, el cumplimiento del convenio ha sido irregular, con días en que los traslados se realizan y otros en que no, algo que el sindicato considera inaceptable.
A inicios de septiembre, no se registraron traslados hacia la penitenciaría Modelo debido a unos procesos de parametrización y migración de bases de datos, según informó el diario regional.
Sin embargo, Jaime Augusto Blanco negó estas acusaciones, asegurando que “con el alcalde de San José de Cúcuta hay una armonía de trabajo conjunto”, y resaltó que los convenios están activos y se siguen recibiendo PPL provenientes de las estaciones policiales, según reportó La Opinión. Estas diferencias en las versiones muestran una notable falta de consenso entre los actores involucrados.
Por su parte, Miguel Castellanos, secretario de gobierno de la Alcaldía, comentó que tras la suspensión de traslados la semana pasada, se espera que se reanuden con la transferencia de 13 PPL más este lunes. Estos traslados se realizan bajo un criterio específico que considera el tiempo de detención en las estaciones policiales y el tipo de delito imputado.
Otra denuncia
El Inpec enfrenta nuevas acusaciones de corrupción que involucran al director de una cárcel en la ciudad de Cúcuta. La denuncia presentada señala presuntas exigencias de dinero por parte del director del penal a contratistas, con el fin de permitir que continuaran los trabajos dentro de las instalaciones.
De acuerdo con la denuncia recibida por el Inpec, existen pruebas que incluyen un audio revelador y un video de seguridad.
De acuerdo con la documentación presentada, el director del penal se vio involucrado en una reunión irregular fuera del recinto carcelario, donde hizo solicitudes financieras a un contratista. “El señor Jaime Augusto Blanco sostuvo reunión irregular en lugar diferente a la cárcel con el director de obra a quien le pidió el 10% del contrato ascendiendo a la suma de 426 millones de pesos (aproximadamente 108,000 dólares estadounidenses) por lo que según él, el proyecto le fue dado por su jefe político y actual senador”, señala la denuncia recibida por el Inpec.
El video de seguridad presentado por los denunciantes muestra el encuentro entre el director de la cárcel y el contratista en los alrededores del centro penitenciario, donde supuestamente se realizó la exigencia de dinero. Además, la denuncia sostiene que el director impuso un plazo de ocho días para la entrega del dinero. “Que daba plazo de 8 días contados a partir de la fecha para el desembolso y de no acceder a sus requerimientos, obstaculizaría o no permitiría la continuación de las obras”, agrega la denuncia.
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