
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decide si revoca la candidatura a la Cámara de María del Mar Pizarro por doble militancia o avala su permanencia en el Pacto Histórico.
El futuro político de la representante a la Cámara y la estabilidad de una de las principales alianzas de izquierda del Congreso se encuentran en vilo, a pocos días de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo.
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Dos ponencias opuestas radicadas ante el CNE definirán si se revoca la candidatura de la representante por doble militancia o si, por el contrario, se autoriza la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, una decisión que podría cambiar el panorama electoral colombiano.
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La magistratura del CNE, liderada por Cristian Quiroz y Alfonso Campo, propuso revocar la inscripción de Pizarro como candidata a la Cámara de Representantes.
El documento sostiene que la aspirante, elegida para el periodo 2022-2026 con el aval de Colombia Humana, “mantiene un vínculo vigente con su partido inicial que le impide ser válidamente avalada por otro”, incumpliendo los requisitos legales de desvinculación para participar en una coalición distinta.
La ponencia establece que permitir esta candidatura “sería una forma de socavar la confianza en las normas y funcionamiento del sistema electoral”.
En contraste, otra ponencia fue presentada por el magistrado Benjamín Ortiz, quien propone autorizar la integración formal de Colombia Humana al Pacto Histórico. De aprobarse esta propuesta, se destrabaría el conflicto y la candidatura de Pizarro no sería revocada por doble militancia.
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Ambas ponencias serán sometidas a votación el martes 3 de febrero en la sala plena del CNE, donde se requieren al menos seis votos a favor para su aprobación. La resolución que tome el consejo resultará determinante para el futuro de la coalición y de la candidatura que obtuvo 26.022 apoyos en la consulta interna del Pacto, celebrada en 2025.
La doble militancia tensiona a la izquierda
El proceso contra María del Mar Pizarro se inició tras la demanda presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien denunció que la representante participó en la consulta del Pacto Histórico y luego se inscribió por Colombia Humana dentro de una coalición, contrariando la prohibición de doble militancia.
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El argumento central es que una persona que interviene en una consulta interna de un partido o alianza no puede luego ser candidata avalada por otra organización en el mismo proceso electoral.

La ponencia detalla que “la antelación constitucional de doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, configura de manera objetiva la prohibición de doble militancia en la modalidad de ejercicio de cargo (...). El argumento de la defensa, basado en que ambas organizaciones pertenecen a una misma corriente política o coalición, carece de sustento jurídico frente a la autonomía de las personerías jurídicas”.
La norma exige el cumplimiento estricto del periodo de desvinculación respecto al partido original antes de postularse con otro aval. Según el CNE, Pizarro no presentó la renuncia a la Cámara antes de los plazos definidos por la ley, lo que le impide ser “válidamente avalada”.
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El origen de la controversia se encuentra en la decisión reciente del CNE de exigir la reinscripción de todas las listas del Pacto Histórico, incluida la de la Cámara por Bogotá, debido a que la coalición alcanzó más del 15% de los votos en los comicios de 2022, hecho que derivó en su reconocimiento como partido independiente con personería jurídica propia.
Esta resolución obligó a la conformación de nuevas listas, ahora bajo la estructura formal del Pacto Histórico, lo que supuso la inscripción de 16 candidatos en una nómina cerrada, según explicó María Fernanda Carrascal al medio Semana.
La congresista se pronunció el pasado 25 de febrero a través de su cuenta de X. En ese mensaje ya advertía sobre la posibilidad de que su candidatura fuera retirada a pocos días de las elecciones y señaló que existirían presiones políticas de otros aspirantes interesados en modificar la competencia electoral.
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En su declaración, sostuvo que más de 26.000 ciudadanos participaron en la consulta interna bajo reglas previamente establecidas y que el debate no debería centrarse únicamente en su nombre, sino en el respeto a la voluntad popular.
Además, pidió que las autoridades electorales actúen con independencia y no cedan ante lo que calificó como presiones indebidas, insistiendo en que la democracia debe ofrecer garantías claras para todos los partidos y candidatos.
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