Medellín, capital de Antioquia, se encuentra agitada por el reciente caso de una abogada que asegura haber sido víctima de agresión en una estación de Policía en el centro de la ciudad. Los hechos, que datan del lunes 26 de agosto, ocurrieron en la estación de Policía de La Candelaria, mientras la mujer asistía a un detenido en una diligencia judicial.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval) y la Fiscalía General de la Nación están involucradas en la indagación de este incidente. De acuerdo con lo indicado por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, la profesional se encontraba en la estación de policía para representar a una persona privada de la libertad en una audiencia virtual. El comandante de guardia había autorizado la conexión a la audiencia, lo cual fue comunicado oficialmente.
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Una vez todo estaba preparado para la audiencia de legalización de captura, la abogada solicitó que se le quitaran las esposas a su representado, petición que fue aprobada por el juez. Sin embargo, los policías encargados de la custodia del detenido expresaron preocupaciones de seguridad y optaron por volver a esposarlo, ordenando al mismo tiempo que los abogados abandonaran el lugar. La abogada y su colega solicitaron autorización para retirarse, pero dicha autorización no les fue concedida y la diligencia continuó.
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Los eventos, según el relato de la supuesta víctima se intensificaron cuando los policías insistieron en que la defensa abandonara el lugar, lo que generó un ambiente cada vez más tenso. En medio de esta situación, un teniente coronel presuntamente empujó violentamente a la jurista al suelo, mientras otros policías intervinieron de manera aparentemente agresiva, incluyendo uno que le introdujo los dedos en la boca para impedirle gritar, como reporta el Colegio de Abogados Penalistas. Más de diez policías presenciaron el incidente sin intervenir.
“Arrojándola al piso sin mediar palabra, ejerciendo grotescos actos de violencia basada en género. Entre tanto, otro policial la posó y un tercero le introdujo los dedos en la boca para evitar que grita, todo en presencia de más de diez policiales que estaban en la sala indolentes”, se lee textualmente en el comunicado.
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La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por su parte, emitió un comunicado en el que presenta una versión diferente. Según su reporte, la abogada, identificada como asistente de otro defensor, desobedeció órdenes reiteradas de retirarse y agredió físicamente a un uniformado en la cabeza. A raíz de esta supuesta agresión y el estado de exaltación de la profesional, se procedió a controlarla para evitar más agresiones y se le impuso un comparendo por presunto irrespeto y agresión a la autoridad.

“El profesional de policía le indicó a la mujer que debía retirarse de la oficina y se podía conectar de manera virtual a la audiencia penal, como lo señalan los protocolos judiciales. Según el relato de los funcionarios, la ciudadana hizo caso omiso a las reiteradas órdenes de policía y agredió físicamente a uno de los uniformados, en la cabeza. Debido a la agresión y al estado de exaltación en que se encontraba, la persona fue reducida y controlada para evitar nuevas agresiones en contra de los uniformados o los participantes de la audiencia”, indica la misiva de la institución.
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El hecho escaló hasta la Fiscalía General de la Nación, donde fue denunciada la agresión a la abogada. Inicialmente, la Fiscalía Penal Militar citó a la abogada como testigo en lugar de víctima, sin posibilidad de ir acompañada de abogado y advirtiendo con arrestarla si no asistía. Posteriormente, se rectificó esta postura y se le reconoció como víctima en el proceso.
El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia asumió la defensa de la abogada, con Francisco Bernate, su presidente, firmando un comunicado narrando los hechos. La defensa pedirá que el caso sea investigado por la justicia ordinaria debido a posibles violaciones a los derechos humanos, solicitando el apoyo de entidades como la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería y la Defensoría del Pueblo. Desde la Alcaldía de Medellín, la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, ofreció apoyo a la abogada, incluyendo mecanismos de atención y protección, condenando todo acto de violencia contra las mujeres en la ciudad.
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