
César Palomino Cortés, actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), es blanco de críticas después de que se revelaran serias acusaciones relacionadas con su pasado como propietario de una empresa dueña de una embarcación implicada en tres operativos de incautación.
Así quedó revelado en una investigación adelantada por La Silla Vacía, que tuvo acceso a registros empresariales del barco en cuestión, en el que pudo determinar que Palomino era el único accionista de Almep SAS, la empresa poseedora del Santo Steven, una nave de cabotaje que continuó operando en el Pacífico a pesar de haber sido detenida hasta en tres ocasiones con contrabando.
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En dos de estas incautaciones, la carga incluía más de media tonelada de marihuana y en una madera ilegal.
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Según el informe del medio citado, a pesar de las reiteradas detenciones, Santo Steven nunca fue sometido a un proceso de extinción de dominio. Las incautaciones se produjeron cuando Palomino era magistrado del Consejo de Estado, desde donde fue nombrado por el presidente Gustavo Petro para dirigir la Andje en julio de este año.

Sin embargo, César Palomino negó poseer vínculo alguno con el Santo Steven. No obstante, los documentos de Almep SAS sugieren que él fue el único accionista de la empresa desde 2014 hasta 2021. Además, su hermana Yazmín Palomino es la representante legal de dicha compañía, según confirmó él mismo.
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El barco Santo Steven fue detenido en tres grandes operativos: en mayo de 2018 con 460 bloques de madera sin permisos ambientales; nuevamente en julio de 2018 con 112 kilos de marihuana prensada; y en una fecha no especificada con 557 kilos de marihuana, todas realizadas por la Policía Antinarcóticos de Buenaventura y la Armada de Colombia.
Nelson Palomino, hermano del exmagistrado, fue arrestado en relación con una de estas operaciones, aunque retiraron los cargos posteriormente sin mayores explicaciones.
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El poder de Palomino y su influencia en la justicia se evidenciaron desde su paso por el Consejo de Estado, donde nombró a la hija de un conocido en el Tribunal Administrativo del Chocó. Conocido como el “César” de la justicia del Chocó por su gran influencia en procesos judiciales, Palomino insistió en la inexistencia de vínculo delictivo alguno con el Santo Steven.

Consultado por tercera vez, Palomino ofreció una nueva versión, sosteniendo que ser accionista de la empresa no implicaba realizar su actividad económica personalmente, y que dicha circunstancia fue declarada ante la Función Pública. Sin embargo, la magnitud de las incautaciones y la continuación de las operaciones del barco generan dudas sobre la integridad de estas declaraciones.
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Tras vender sus acciones de Almep SAS en 2021 a Luis Aníbal Lozano, su conexión con la compañía no se desvaneció. Lozano, un conocido de su ciudad natal en el Chocó, nombró posteriormente a Yazmín Palomino como representante legal de la empresa de transporte.
El Santo Steven, a pesar de las intervenciones por contrabando repetido, continúa navegando desde Buenaventura a múltiples puertos en el Chocó. Sin embargo, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se refirió a la investigación en su contra, alegando que nada de lo publicado por el medio corresponde a la realidad.
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En una entrevista otorgada a Blu Radio, Palomino aseguró que, contrario las tres incautaciones reportadas por La Silla Vacía, el Santo Steven solo fue detenido en una oportunidad y con cooperación de su hermano menor, Nelson Palomino.
Sin embargo, el director de la Andje señaló que la captura de su familiar se dio por un malentendido entre las fuerzas instituciones, que terminó por solucionarse con el paso de los días. “Fue una falta de coordinación entre dos patrullas de la policía. Mi hermano estaba colaborando en un operativo conjunto y terminó siendo arrestado por error. A los pocos días, la policía aclaró la situación y mi hermano fue liberado”, señaló al medio radial.
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Asimismo, el funcionario del Gobierno Petro aseguró que la embarcación Santo Steven ha servido durante más de 20 años a las poblaciones más vulnerables del departamento. “Este barco ha servido a las comunidades del Chocó y del Pacífico donde no hay carreteras ni medios alternativos de transporte. Es completamente falso que se haya utilizado para actividades ilícitas”, señaló.
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