Tragedia en el Catatumbo: menor de edad murió luego de que su hermano manipulara un arma artesanal

La comunidad Mestizas, zona rural de Hacarí (Norte de Santander), no sale del asombro luengo de conocer el lamentable accidente en el que murió Daily Navarro Ortiz, una menor de edad que jugaba con su hermano pequeño para ese momento.

De acuerdo con algunos testimonios, la niña de 11 años y estudiante de noveno grado, compartía con su hermano cuando, de repente, él toma un trampero, conocido como un arma artesanal, y la acciona accidentalmente, provocándole una grave herida a la menor.

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Luego de lo ocurrido, la menor fue trasladada a un centro asistencial; sin embargo, por la gravedad de la herida murió. Debido a lo ocurrido, la familia recibe apoyo psicológico.

Algunos usuarios en redes sociales no dudaron en dejar sus mensajes de condolencias, mientras que otros cuestionan que este tipo de artefactos no deben estar al alcance de los niños. “La irresponsabilidad de los adultos las pagan los niños”; “Dios mío que pesar con esa niña fortaleza para sus padres”; “Ay dios que pesar con esa niña”; “Que pesar dios mío (sic)”, fueron algunas reacciones.

Reclutamiento forzado de menores de edad en el Catatumbo

Varias alertas sobre la seguridad de menores en el municipio de Tibú llevaron a la intervención del Ejército Nacional, logrando rescatar a una niña de 13 años amenazada por disidencias de las Farc. Tal como indicó el coronel Leonardo Ferreira Lugo, se recibieron denuncias informando que la vida de la menor estaba en peligro debido a las amenazas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales presentes en la zona.

El Ejército lanzó un estricto operativo, llevando a la menor y a su madre a un lugar seguro en un helicóptero. “De acuerdo con las denuncias, la vida y la integridad de la menor estaban en riesgo,” mencionó Ferreira, que subrayó que las intervenciones operativas continúan para prevenir que estos actos pongan en peligro a la comunidad.

La madre de la niña destacó que otras menores han desaparecido en circunstancias similares, pero las familias afectadas temen denunciar por posibles represalias y porque aún residen en la región.

De hecho, se conoció el caso de Flor Alba Caballero Bolívar, una profesora y presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Gratamira en Zulia, señalada por colaborar con las disidencias de las Farc. Según las investigaciones de la Policía y el Ejército, Caballero utilizaba su posición para organizar reuniones bajo la fachada de encuentros comunitarios, las cuales eran en realidad sesiones de adoctrinamiento para reclutar menores.

Los investigadores revelaron que, conocida como alias La Profe, Caballero trabajaba en colaboración con la estructura 33 de las disidencias bajo el mando de alias Andrey. Además, poseía una finca que facilitaba a dichos grupos ilegales para sus actividades de reclutamiento y adoctrinamiento.

Cabe recordar que en el primer semestre de 2024 se han registrado 159 casos de reclutamiento forzado de menores en el país, según reportó la Defensoría del Pueblo. Las cifras representan un incremento del 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 146 casos.

De hecho, un documento al que tuvo acceso la revista Semana, destaca que esta práctica continúa a pesar de los diálogos y procesos de paz en curso entre el Gobierno y diversas organizaciones armadas ilegales. Entre los grupos señalados figuran las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Según el informe, estas organizaciones criminales siguen perpetrando el reclutamiento de menores de edad y no muestran intención de cesar esta actividad delictiva.

El coronel Juan Pablo Cubides, director de Protección de la Policía, enfatizó en la seriedad de la situación, señalando que además de capturar a los responsables, su dirección se enfoca en proporcionar una protección integral a las víctimas rescatadas. “En su lucha contra el reclutamiento de menores, la Dirección de Protección de la Policía no solo se enfoca en la captura de los responsables, sino también en garantizar una protección integral para las víctimas”, indicó Cubides al medio citado.