Procuraduría investiga a rector y cuatro empleados de un colegio de Bogotá por acoso escolar a un niño de 6 años

La Procuraduría General de la Nación oficializó la apertura de una investigación contra Andrés Alonso Hortua, rector de la Escuela Normal Distrital María Montessori, por presunta tener responsabilidad en un caso de acoso escolar a un estudiante de tan solo 6 años.

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Aunque no es solamente Hortua, dos docentes más, Karen Alexandra Cetina Silva y Elga Sánchez Aponte; el orientador de la institución, Ronald Jaramillo Palacio, y la docente coordinadora, Ingrid Lissette Albarracín Tunjo, serán investigados también por presuntas omisiones en el caso del pequeño estudiante.

De acuerdo con un comunicado del ente de control lo que se planea poder: “esclarecer los hechos del presunto acoso escolar que sufrió el menor de edad dentro de la institución, al parecer, con agresiones físicas, golpizas y abuso sexual por los compañeros”.

El caso salió a la luz pública hace algunos meses, cuando la madre del menor de 6 años denunció en los medios, concretamente en Red+ Noticias que su pequeño hijo era víctima de constantes agresiones por parte de sus compañeros; inclusive que el menor habría recibido agresiones sexuales por parte del estudiantado de la Escuela Normal Distrital María Montessori.

“El día miércoles (29 de mayo) mi hijo se enferma, le da una fiebre muy alta. Llamo al servicio de médico domiciliario y, cuando le están haciendo un examen, identifican una presunta violencia sexual presentada en el colegio por parte de otro compañero del curso, también de 6 o 7 años”.

En medio de las desgarradoras denuncias, la mujer señaló que la institución no había ofrecido los suficientes canales de apoyo para intervenir en el delicado tema de las agresiones. Además, mencionó que, en un acto de desfachatez y revictimización hacia el menor, el rector Hortua les sugirió en alguna ocasión cambiar al niño de escuela, argumentando que no lograba adaptarse.

“Lo que nos dice es que saquemos al niño del colegio. Nos dice: ‘Sugiero el cambio de ambiente escolar porque nosotros no somos la institución que ustedes están buscando’, que quien se tiene que ir es la víctima de esta situación”, mencionó en aquella ocasión para Red+ Noticias.

Precisamente la Procuraduría resaltó que con la orden de investigación y solicitud de pruebas se planea establecer si en medio de las fuertes denuncias de acoso mencionadas por la madre, los funcionarios de la institución son o no responsables de haberlas evitado.

“Los investigados cumplieron con los protocolos y medidas de protección establecidos de obligatorio cumplimiento en estos casos, ante la presunta multiplicidad de conductas violentas al infante. Asimismo, el organismo de control confirma si los servidores públicos evitaron o atendieron oportunamente al menor al tener conocimiento de lo denunciado por su familia”.

Si los funcionarios de la Escuela Normal Distrital María Montessori, incluyendo el rector Andrés Alonso Hortua, son hallados culpables tras la investigación de la Procuraduría General de la Nación, enfrentarán severas consecuencias. A nivel disciplinario, podrían recibir sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la destitución y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo de hasta 20 años, dependiendo de la gravedad de la negligencia.

Si se prueba que omitieron su deber de proteger al menor frente a las denuncias de abuso escolar, estas sanciones serían aplicadas con mayor rigor. Además, en el ámbito penal, si se encuentran pruebas de encubrimiento o complicidad en delitos como abuso sexual o agresiones físicas, los involucrados podrían enfrentar cargos penales. Estos cargos podrían incluir penas de prisión, ya que el Código Penal colombiano castiga duramente la omisión de protección de los derechos de los niños, tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución.

En resumen, de ser hallados culpables, los investigados podrían ser destituidos de sus cargos, inhabilitados para trabajar en el sector público, y enfrentar cargos penales que incluirían penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de las pruebas presentadas.