Socorro Oliveros: el caso por el que aún tiene que responder la esposa de Rodolfo Hernández, pese a la muerte de su cónyuge

La muerte del ingeniero Rodolfo Hernández, a los 79 años de edad, tras batallar contra un fuerte cáncer de colon, conmocionó al país político el lunes 2 de septiembre. El hombre que estuvo a, mal contados, 800.000 votos de ser presidente de la República, no pudo ganarle la partida esta enfermedad, de acuerdo con el reporte del Hospital Internacional de Colombia (HIC), en donde estuvo recluido en los últimos dos meses.

Hernández, que luego de ser alcalde de Bucaramanga, para el periodo entre 2016 y 2019, se lanzó a la caza del primer cargo de la nación, contó con el respaldo de su esposa, Socorro Oliveros, en este propósito. Y aunque perdió frente al hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, logró el respaldo de 10.580.412 colombianos, que en las urnas le dieron su voto de confianza durante los comicios del 19 de junio de 2022.

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De hecho, la mujer ofició como la gerente de una campaña que dio de qué hablar, tanto por su propuesta comunicacional como por la austera inversión económica con la que se llevó a cabo; a diferencia de la de su contrincante. Aunque, por alguna u otra razón, ambas están en la mira: la de Hernández, por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, y la de Petro, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Cuál es el proceso por el que tendrá que responder la viuda de Rodolfo Hernández?

En lo que respecta a la aspiración de Hernández, el ente acusó al político y a Oliveros, el 26 de julio de 2024, del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, durante los comicios de 2022; cuando vencieron a candidatos como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, que partían con opciones de dar la pelea durante la primera vuelta, pero fueron sorprendidos por esta especie de outsider.

Todo esto, luego que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la que la mujer, en su calidad de gerente, “permitió que el excandidato presidencial realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021″. En otras palabras, no estaba facultado para invertir en su aspiración recursos que provinieran de sus cuentas.

Pese a la muerte del excandidato, su pareja sentimental continuaría ligada a este proceso, en el que de parte de la Fiscalía se indicó que Hernández habría aportado cerca de $127 millones provenientes de su pecunio, lo que a juicio de las autoridades “es un aporte proveniente de una fuente prohibida por la ley”. En consecuencia, será Oliveros la que seguirá al frente de la defensa, pues irá a juicio.

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, la misma que se encarga de regular la financiación de las campañas políticas, el fallecido excandidato al parecer incurrió en irregularidades por haber financiado su campaña, en el mismo instante en el que había sido imputado por interés indebido en la celebración de contratos, por el caso Vitalogic; en el que también estuvo involucrado su hijo, Luis Carlos Hernández.

Como ha ocurrido en otros casos, como el de Roberto Prieto, el gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, en 2014, el que ocupa este cargo es responsable de todo lo que concierne a la financiación y, en caso de hallarse irregularidades, debe responder ante la justicia. Así como también podría acontecer con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, que fue gerente de la campaña de Petro.

Hasta el momento no se conoce la fecha en la que se adelantaría el juicio en contra de la mujer, que afronta junto con su familia uno de sus momentos más difíciles, justamente con el deceso del constructor y político. Como tampoco se ha emitido un pronunciamiento acerca de la muerte del político nacido en Piedecuesta, que dejó su impronta en la forma de hacer política en la escena nacional.