Nuevo escándalo en el Gobierno: investigarán al viceministro de las TIC por presunta falsedad en documento público

Gabriel Jurado, que se desempeña como viceministro de Conectividad, está en el ojo del huracán, al conocerse el jueves 29 de agosto de 2024 que será investigado por la Procuraduría General de la Nación, a petición de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia, al parecer, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a la firma Cintel; por cerca de 5.000 millones, y que habría sido dado “a dedo”.

De acuerdo con la información entregada por W Radio, Jurado estará bajo la lupa del ente de control disciplinario, por la aparente comisión del delito de falsedad en documento público, luego de que se otorgara el referido monto a la firma, Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de hacer un estudio de conectividad en el territorio nacional.

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El meollo del asunto inició tras conocerse que dicho estudio había sido donado al Gobierno nacional por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De hecho, de acuerdo con la información dada a conocer por el medio citado, la cuestionada firma habría usado los mismos datos del análisis hecho por la entidad internacional, como parte de su propio balance.

En un oficio, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, hizo traslado al Ministerio Público, ante lo que sería el hallazgo de irregularidades cometidas por el viceministro, que actualmente continúa en funciones. Y, sumado a ello, uno de sus enlaces tuvo participación en la entrega de este contrato, pese a que hizo parte de Cintel y su compañera sentimental también trabaja allí.

¿Por qué será investigado el viceministro de la Conectividad?

Según se conoció en este caso, a su llegada al Ministerio de las TIC, Jurado incluyó en su equipo a varios de sus amigos y personas cercanas como Josué Acosta González, que devengaría honorarios por cerca de $26 millones mensuales, y que anteriormente estuvo ligado a la empresa Cintel, como constaría en los documentos recolectados en este suceso.

Ante los reclamos del ministro Mauricio Lizcano por el caso, sobre la denuncia hecha en su momento por Cambio, Jurado en su momento negó la participación de este funcionario en la entrega del contrato en cuestión. No obstante, el secretario Idárraga comprobó que lo dicho por el viceministro fue falso, pues en las actas del proceso Acosta se presentó como gerente del proyecto ConectiVIDAd para cambiar vidas.

“Se colige del documento público suscrito por el viceministro Jurado, una clara contradicción con las actas No. 08 del 31 de enero de 2024, No. 09 del 07 de febrero de 2024 y No. 11 del 21 de febrero de 2024; en las que se evidencia la participación del señor Josué Manuel Acosta González, en calidad de gerente de Proyecto ConectiVIDAd Para Cambiar Vidas y del proyecto Comunidades para Cambiar Vidas”, se leyó en la argumentación del secretario Idárraga.

Según el funcionario del despacho, Acosta hizo observaciones en las reuniones que se sostuvieron con Juan Manuel Guerrero Forero y Alberto Oliveros Rodríguez, que son el supervisor del contrato de Cintel y el gerente del Proyecto PNC - Mintic, respectivamente. En consecuencia, además de Jurado, por lo que serían sus contradicciones, otros contratistas serían investigados por el organismo de control.

La respuesta oficial de la oficina de Lizcano ante la participación de Acosta, ficha del viceministro Jurado, se enfocó en mencionar que si bien el contratista estuvo vinculado a Cintel en 2021 con un contrato de prestación de servicios, y su esposa, Ana Marga Trimmino Villa, aún trabaja en ese Centro como Gerente Senior, ninguno de los dos tuvo presencia en el contrato otorgado a esta firma; lo cual fue desmentido.

“Él no tiene ninguna relación ni injerencia con el trabajo encomendado a Cintel, y todos los entregables son conocidos y aprobados únicamente por el Subdirector de Estructuración de la Dirección de Infraestructura del Ministerio TIC, Juan Manuel Guerrero, en calidad de supervisor”, respondió el ministerio frente a la denuncia inicial, en la que ponían de manifiesto el millonario contrato.