Acusado de torturar a un joven de 27 años, un patrullero fue enviado a prisión: otros cuatro policías están siendo investigados

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco miembros de la Policía Nacional, acusados de estar involucrados en la retención ilegal y tortura de un joven de 27 años en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca.

El incidente, que habría ocurrido el pasado 3 de marzo, ha generado preocupación y rechazo en la comunidad.

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El grupo de uniformados, conformado por el sargento William Andrés Rayo Jiménez, el intendente jefe Helmer Antonio Rivera Castro, y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera, Jhonny Alberto Losada Cadavid y Mayra Alejandra Toledo Hurtado, enfrenta graves acusaciones.

Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, los policías habrían sometido a la víctima a un intenso interrogatorio que incluyó golpizas durante más de 12 horas. Este abuso de poder tuvo lugar en la estación de policía municipal, tras un procedimiento de registro y verificación de antecedentes.

El caso ha sido especialmente impactante debido a las severas lesiones que sufrió la víctima, quien tras ser liberado fue trasladado a un hospital en Tuluá. Los médicos diagnosticaron múltiples lesiones en el tórax y la cabeza, y se vieron obligados a realizar la extracción del bazo del paciente debido a la gravedad de sus heridas.

Durante la audiencia, un juez penal de Roldanillo impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al patrullero Jhonny Alberto Losada Cadavid, quien permanecerá en prisión mientras avanza la investigación. Los otros cuatro uniformados, incluyendo al sargento y al intendente, continuarán enfrentando el proceso en libertad, aunque bajo estricta vigilancia de las autoridades.

La Fiscalía ha imputado a los cinco policías por los delitos de tortura agravada, secuestro agravado y falsedad ideológica en documento público. Según las investigaciones, los uniformados habrían registrado información falsa en los documentos oficiales, indicando que la víctima estuvo solo unos minutos en la estación policial y que salió en perfectas condiciones, en un intento por encubrir sus actos.

Los implicados fueron capturados en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, en Cali, Cartago y Bolívar. La comunidad espera que el proceso judicial avance con celeridad y transparencia, en busca de justicia para la víctima y de esclarecimiento total de los hechos.

Si los cargos imputados a los cinco uniformados de la Policía Nacional, acusados de tortura agravada, secuestro agravado y falsedad ideológica en documento público, fueran confirmados durante el juicio, las consecuencias legales para cada uno de ellos serían graves y contundentes, según el Código Penal Colombiano.

En primer lugar, el delito de tortura agravada es considerado uno de los crímenes más graves en el ordenamiento jurídico colombiano. Según el artículo 178 del Código Penal, la pena para quien cometa este delito puede oscilar entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, al tratarse de funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, la pena podría aumentar significativamente, incluso alcanzando hasta 20 años de prisión, dado que se considera un agravante el abuso de autoridad y la violación de los derechos humanos fundamentales.

El secuestro agravado, contemplado en el artículo 170 del Código Penal, también implica penas severas. En Colombia, este delito es castigado con una pena que va desde los 12 hasta los 20 años de prisión, pudiendo aumentar aún más si la víctima sufre daños físicos graves, como es el caso en este incidente, donde la víctima perdió el bazo. La severidad de la pena podría incrementarse, considerando las circunstancias agravantes como la tortura y la condición de los imputados como agentes del Estado.

Por último, el delito de falsedad ideológica en documento público, tipificado en el artículo 286 del Código Penal, conlleva una pena de entre 4 y 9 años de prisión. Este delito se agrava aún más cuando es cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, lo que podría incrementar la pena hasta los 12 años de prisión.

En conjunto, si se confirman todos los cargos, los uniformados podrían enfrentar largas condenas que, al sumarse, superarían fácilmente los 30 años de prisión. Además, al tratarse de delitos graves cometidos en el ejercicio de sus funciones, perderían automáticamente sus derechos políticos y la posibilidad de ocupar cargos públicos en el futuro.