
En el mes de mayo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó en su cuenta de X que la generación de puestos y embajadas (entre estas, la de la FAO) por parte del gobierno nacional había incrementado notablemente los gastos de la Cancillería.
Según la congresista, estas cifras representaron una nueva forma de engaño hacia los ciudadanos colombianos.
Con respecto a la embajada de la FAO María Fernanda Cabal publicó el 25 de agosto los gastos de esta y del embajador Armando Benedetti entre el mes de febrero y mayo. De acuerdo con la congresista, en dicho periodo el funcionario del gobierno nacional recibió una compensación de $256.272.000.
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La legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República narró en su publicación que para obtener dichos datos, dio meses de lucha jurídica. “Después de varios meses de lucha jurídica y vulneración al derecho fundamental de petición, por fin podemos mostrarles el millonario gasto de Benedetti en la FAO. Vamos con Hilo”, comentó Cabal en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal en su hilo de X compartió información sobre Armando Benedetti, embajador ante la FAO desde febrero de 2024, indicando que ha recibido una millonaria compensación en los primeros cuatro meses de su gestión. En febrero, Benedetti recibió USD 12.875.67; en marzo, USD 16.794.35; en abril, USD 17.199.04; y en mayo, USD 17.199,04. En total, en ese periodo, la suma asciende a USD 64.068.10, lo que equivale a COP 256.272.000, de acuerdo con la senadora .

A lo anterior agregó que: “En solo dos meses, abril y mayo se le pagaron por el concepto de gastos de representación USD 4.800.00 que serían unos COP 19.680.000.”.
Cabal Señaló que se destinaron 24.920 euros a servicios de soporte sin aclarar su propósito, además de gastos repetitivos en servicios inmobiliarios por sumas de 55.950 euros y 59.280 euros. “Los gastos en la embajada ante la FAO de la que en Colombia no se conocen sus ejecutorias, son exorbitantes. Se observa un monto elevado de 24.920 euros destinado a “servicios de soporte” sin que se aclare de qué se trata. Servicios inmobiliarios repetitivos por sumas como 55.950 euros y 59.280 euros”, dijo la servidora pública.

Y es que, anteriormente, en el mes de mayo, la congresista de la oposición afirmó que la incorporación de cargos por parte de la Cancillería ocasionó un aumento de 103.471 millones de pesos en los costos del personal de esta cartera.
“La creación de los 125 cargos en la diplomacia de Petro tienen un costo de $51.808.536.163 al año. El derroche de dineros públicos de Petro es absoluto mientras proponen otra reforma tributaria para sacarle más plata a los colombianos”, comentó en aquel momento la política del Centro Democrático.
Relacionado con el tema el concejal Daniel Briceño también realizó una denuncia relacionada en sus redes sociales sobre los presuntos gastos excesivos de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). De acuerdo con Briceño, el diplomático incurrió en elevados costos en solo cinco meses de funciones.
El concejal informó que los viáticos de Armando Benedetti sumaron 143.186.023 pesos en un período de solo cinco meses. También destacó que los costos anuales de la embajada, incluyendo oficinas, mantenimiento de jardines y un vehículo de lujo de la marca Mercedes Benz, ascienden a 1.597.275.000 pesos, sin incluir el salario del embajador ni otros gastos de representación.
“Armando Benedetti en 5 meses ya se ha gastado $143.186.023 en solo viáticos. Las oficinas, jardinero, el Mercedes Benz y funcionamiento de la Embajada que le abrió Petro será de $1.597.275.000 anuales, sin contar sueldo y gastos de representación. Muy caro este impresentable”, señaló Briceño en el mes de Julio.
La denuncia de Briceño, en su momento desencadenó un intenso debate sobre la administración de recursos públicos y la austeridad en el desempeño de funciones diplomáticas. Las cifras proporcionadas por el concejal generan serias dudas sobre la justificación y transparencia de estos gastos, particularmente en un contexto que exige una mayor responsabilidad en la utilización de los fondos estatales.
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