Procuraduría alerta retrasos en la construcción de cárceles en La Guajira y Magdalena: van cuatro años y no llevan ni el 50%

Luego de una inspección realizada a la zona de construcción de las cárceles de La Guajira y Magdalena, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado de urgencia a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que se prioricen las obras de los establecimientos carcelarios.

Según el organismo de control, las obras de los centros penitenciarios de Riohacha y en San Ángel, Magdalena, se iniciaron en 2020, y cuatro años después, el panorama es bastante desalentador, advirtiendo que “representan riesgos al patrimonio público por las altas inversiones presupuestales de más de 400 mil millones de pesos”.

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Entre los documentos solicitados por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la entidad encontró que, frente al avance de las obras en el establecimiento carcelario de mediana seguridad de la población magdalenense, cuya capacidad será de 1.914 reclusos, apenas va en un 34,94 por ciento.

Mientras que, en Riohacha, donde también se construye una cárcel de mediana seguridad, avanza en un 48,14 por ciento, lo que ha derivado en una alerta por parte del ente de control fiscal.

“Lo anterior evidencia que las modificaciones a los cronogramas y los constantes retrasos en la ejecución de las obras no han permitido el cumplimiento de las condiciones inicialmente pactadas, afectando las metas en cuanto a la disminución del hacinamiento en los establecimientos de reclusión y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad”, explicó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

Así mismo, la entidad consideró que estos hechos vulneraron el principio de planeación en materia contractual frente a la estimación de los plazos de culminación de las obras, teniendo en cuenta que, luego de cuatro años del inicio de las obras, aún no llegan al 50 por ciento de ejecución.

En este sentido, la Procuraduría instó a la Uspec para que este adopte los mecanismos jurídicos, financieros y técnicos que sean necesarios, para así evitar nuevas modificaciones de las condiciones contractuales y prórrogas que impidan el cumplimiento de entrega de estas.

Finalmente, la entidad recordó que la entrega de las obras de las cárceles de mediana seguridad en Riohacha y San Ángel, Magdalena, están previstas para entregarse en junio y diciembre de 2025, respectivamente.

Presunto detrimento patrimonial por retrasos en obras de la cárcel de Pereira

Además de los casos mencionados en el Caribe colombiano, la Procuraduría Segunda para la Vigilancia de la Función Pública alertó sobre la situación que atraviesa el centro penitenciario El Pílamo de Pereira, advirtiendo que Los reiterados retrasos en la construcción afectan los derechos de las personas privadas de la libertad, así como un riesgo en el patrimonio de la Nación.

Según el informe detallado por el ente de control, las obras apenas van en un 66,85 por ciento de ejecución, teniendo en cuenta que la fecha de culminación de la obra estaba prevista para el próximo 26 de septiembre.

“La suspensión de las obras, las prórrogas y modificaciones a los contratos arrojan consecuencias en el cumplimiento de los cronogramas, dejando en entredicho que se pueda formalizar la entrega de la cárcel”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

Además, el organismo de control indicó que el interventor del proyecto realizó una proyección de prórroga para finalizar la ejecución del contrato el 28 de febrero de 2025, por lo que evidencian una posible vulneración al principio de planeación.

“Los costos proyectados para la construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – Eron Pereira- Pílamo- Fase I requieren un presupuesto mayor al destinado inicialmente en el contrato de obra, que fue de 132 mil millones de pesos”, afirmó la Procuraduría.

En ese sentido, el ente de control hizo un llamado a EN Territorio y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el fin de que “actúen y articulen medidas que permitan la culminación de las obras y eviten sobrecostos que pongan en vilo el patrimonio público”.