Ley para castigar el reclutamiento de menores en Colombia: ponente dio detalles del proyecto y las sanciones que aplicarían

Entre 1996 y 2016 más de 18.000 menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia, cifra que podría ser aún mayor debido al subregistro.

Frente a esta problemática, el representante a la Cámara del Partido de la U por el Valle del Cauca Julián López presentó un proyecto de ley que busca imponer penas más severas para quienes realicen este tipo de reclutamiento, así lo dio a conocer en medio de una entrevista con W Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De aprobarse la propuesta, las condenas oscilarían entre 480 y 600 meses de prisión, es decir, hasta 50 años, y el delito se convertiría en imprescriptible, permitiendo que casos de antigua data puedan ser investigados sin importar el tiempo transcurrido. El proyecto de ley, apoyado por más de 125 congresistas y en colaboración con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, pretende modificar tres artículos del Código Penal: los artículos 83, 162 y 188. Estos artículos actualmente regulan las penas relacionadas con el reclutamiento de menores, el reclutamiento ilícito y los homicidios de personas protegidas.

En la charla con el medio de comunicación citado anteriormente, López manifestó que el objetivo principal de la iniciativa es robustecer la protección de los derechos de los niños y evitar que sean explotados y utilizados por grupos armados para cometer actos ilícitos. “Con este proyecto se desincentiva que esos criminales y terroristas cometan este delito (…) eso tiene un costo también social muy profundo, estamos perdiendo a nuestros menores en esa selva”, explicó el congresista en su diálogo con W Fin de Semana.

Adicionalmente, se busca que el reclutamiento de menores de edad se considere un crimen imprescriptible. Esto implica que las autoridades podrán investigar y sancionar estos delitos sin que exista un límite de tiempo, permitiendo que se haga justicia en casos que hayan ocurrido hace muchos años.

Partido de la U y sus integrantes apuestan a que esta modificación normativa surtirá el efecto deseado de prevenir y disminuir el reclutamiento de menores. Este es un esfuerzo que, según sus promotores, responde a la urgente necesidad de proteger a los menores en un país donde el conflicto armado ha tenido efectos devastadores sobre la infancia.

Ejército rescató dos menores de edad víctimas de reclutamiento

En un reciente despliegue realizado por la Novena Brigada, a través del Batallón de Artillería N.° 9 Tenerife, el Ejercito Nacional logró el rescate de dos adolescentes de 13 y 15 años. Ambos habían sido captados por la subestructura Ismael Ruiz del Bloque Central Comandante Isaías Pardo. Los menores eran obligados a participar en múltiples delitos contra la Fuerza pública y la población civil. Estas acciones no solo contravienen las normas del derecho internacional humanitario, sino que también violan los derechos humanos de estos jóvenes.

Una vez rescatados, los menores fueron trasladados a la ciudad de Neiva, donde fueron entregados a la Policía de Infancia y Adolescencia. Dicha institución es la encargada de coordinar el proceso con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la restauración de sus derechos.

El fenómeno de reclutamiento forzoso de menores ha sido una problemática persistente en el país. Según estadísticas actuales, en lo que va del año se han registrado 159 casos de reclutamiento de niños y adolescentes. Aunque esto representa una disminución de 25 casos en comparación con el año anterior, la situación sigue siendo crítica. El departamento de Cauca es uno de los más afectados. Aproximadamente el 79% de los casos en esta región involucran a menores indígenas, de los cuales el 63% son captados de manera forzada.

Estos esfuerzos de rescate demuestran el compromiso del Ejército Nacional con la protección de los más jóvenes y subrayan la lucha continua contra el reclutamiento ilegal. Esta intervención será la base para que las autoridades competentes, en colaboración con las comunidades afectadas, continúen desarrollando estrategias para erradicar esta práctica inhumana.