Admiten demanda contra el Estado por riesgo de desabastecimiento de gas y petróleo en Colombia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción popular presentada contra varios ministerios y entidades del Estado, en respuesta a la preocupación manifestada por gremios del sector energético sobre la disminución de las reservas de petróleo y gas en el país.

La acción popular, que busca proteger derechos e intereses colectivos, fue instaurada tras la alerta generada por informes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los cuales evidencian un preocupante descenso en las reservas de estos recursos naturales.

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La Sección Primera del tribunal será la encargada de llevar adelante este caso, con el magistrado Óscar Dimaté como ponente, que tendrá la responsabilidad de analizar el recurso legal, en el que se alega que las reservas probadas de petróleo y gas en Colombia se están agotando a un ritmo acelerado, lo que pone en riesgo la sostenibilidad energética del país.

Y es que, de acuerdo con el informe de la ANH, las reservas de petróleo en Colombia han reducido su autosuficiencia de 7,5 a 7,1 años, lo que implica que, sin nuevas exploraciones o extracciones, el país tendría petróleo solo para poco más de siete años. En cuanto al gas, la situación es aún más alarmante, ya que las reservas cayeron de 7,2 a 6,1 años, perdiendo así un año completo de suministro.

Así las cosas, la acción judicial, presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, tiene como objetivo la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como el acceso a servicios públicos de manera eficiente y oportuna. Además, busca resguardar la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y los derechos de los consumidores y usuarios que, según los demandantes, han sido vulnerados por la decisión gubernamental de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Entre los demandados se encuentran el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la sociedad Ecopetrol S. A. y la Unidad de Planeación Minero Energética. Estas entidades son señaladas por supuestamente no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las reservas de hidrocarburos en el país, lo cual ha generado un impacto negativo en la estabilidad energética y económica de Colombia.

“En esa medida, la acción de FEDe. Colombia se encamina a proteger principios y valores de la Fundación, como la estabilidad macroeconómica y la creación e implementación de políticas de largo plazo que garanticen el bienestar de la población. Así mismo, busca salvaguardar los derechos colectivos al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la defensa del patrimonio público, al acceso a los servicios públicos prestados de manera eficiente y oportuna y a la moralidad administrativa”, concluyó la fundación.

La preocupación por el agotamiento de las reservas no es nueva, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a la dependencia que el país tiene de los hidrocarburos como fuente principal de ingresos y como base de su matriz energética. La disminución de las reservas no solo afecta la capacidad de producción futura, sino que también podría tener repercusiones en la estabilidad económica y en la seguridad energética en el país.

El magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas dio un plazo de diez días a los ministerios y demás entidades del Estado demandados para que respondan a la acción judicial y soliciten la práctica de pruebas que consideren necesarias para defender su posición durante el proceso. Esta respuesta será crucial para definir el rumbo del caso y las posibles consecuencias para la política energética del país.

En este contexto, la acción popular podría convertirse en un precedente importante en la defensa de los recursos naturales y en la exigencia de una gestión más responsable por parte del Estado. La decisión final del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo tendrá implicaciones legales, sino también políticas y sociales, ya que abre una discusión sobre la importancia de replantear las políticas de exploración y explotación de hidrocarburos, así como de buscar alternativas que permitan garantizar la seguridad energética del país sin comprometer sus recursos naturales.