Tribunal de Cundinamarca aceptó demanda contra los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá

El Tribunal de Cundinamarca aprobó una demanda interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, que pide eliminar los esquemas de seguridad de 45 concejales de Bogotá, pues no hay pruebas de que estos funcionarios ponen en riesgo sus vidas en el desarrollo de su cargo.

“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió acción popular por presunta vulneración del patrimonio público en asignación de esquemas de seguridad a concejales de Bogotá, tras considerar que la demanda no cuestiona la legalidad de ningún contrato o acto administrativo específico, sino que se centra en la manera en que se están llevando a cabo los estudios de seguridad que permiten dicha asignación. Según el demandante, estos procesos involucran recursos públicos y podrían estar dando lugar a la presunta vulneración o amenaza del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público”, se lee en el documento de admisión de la demanda.

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De acuerdo con información de El Tiempo, la ponencia de esta acción popular quedó en manos del magistrado César Giovanny Chaparro Rincón, que deberá concluir si los argumentos presentados son suficientes para dictar sentencia o desestimar la acción.

La demanda del abogado hace referencia al convenio 240467, que permite que a los funcionarios se les asignen 36 esquemas de seguridad, compuestos por camionetas de alta gama blindadas y 17 uniformados de protección.

Araque afirmó que los esquemas de protección de cada uno de los concejales costarían alrededor de 8.800 millones de pesos anuales al Distrito Capital, que representan un pago de 28 millones de pesos mensuales por la seguridad de ellos. El abogado aseguró que estas acciones pondrían en riesgo la autonomía de los cabildantes cuando vayan a hacer control político y veeduría.

“Los concejales beneficiados con los esquemas de seguridad no ejercerán el mismo control político ni cuestionarán de la misma forma la gestión de la Administración distrital”, se lee en el documento presentado por el abogado. Se argumentó que la asignación de estos esquemas de seguridad no tiene un soporte real que muestre que la vida de los funcionarios se encuentra en peligro.

“Que se obligue a las accionadas, para que, en lo sucesivo, se abstengan, vía convenio, contrato, acto administrativo o cualquier otra figura, de permitir o asignar de forma automática esquemas de seguridad a los 45 concejales de Bogotá por el solo hecho de ocupar esta dignidad, sin exigirle la demostración de un riesgo extraordinario o extremo a cada beneficiario de manera individual”, agrega el documento del Tribunal de Cundinamarca al que tuvo acceso el medio anteriormente mencionado.

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá generó polémica hace unas semanas luego de haber presentado una adición presupuestal de más de $35.000 millones pasa mejorar la flota de camionetas blindadas del alcalde Carlos Fernando Galán. La comunicación enviada al Concejo de Bogotá asegura que “se considera de vital importancia del parque automotor asignado a la seguridad del mandatario, con el fin de garantizar el libre ejercicio de sus funciones como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, y los desplazamientos de su núcleo familiar”.

Además, se deja en claro que “en el marco del fortalecimiento de las condiciones de seguridad de los directores de la cárcel distrital y CER, se hace necesario la renovación de los vehículos asignados a estos funcionarios, dadas sus funciones y los niveles de riesgo propios del cargo”.

La concejala del Centro Democrático, Diana Diago, cuestionó la solicitud de estos recursos. “En Bogotá el único que va a caminar seguro es Carlos Fernando Galán. Al Concejo le están pidiendo 2.600 millones de pesos para comprar camionetas que le sirvan al alcalde y a su familia. ¿No es suficiente con las que ya tiene asignadas actualmente?”, manifestó.