Presuntas inconsistencias en el programa Jóvenes en Paz: Gobierno habría pagado a más de 400 personas de 125 años

La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, reveló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro inició el pago de un millón de pesos mensuales a los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, el cual proporciona una retribución económica a los jóvenes con el objetivo de evitar que recurran a actividades delictivas.

Sin embargo, la congresista del partido Cambio Radical denunció irregularidades en el comienzo de los giros. Según Arbeláez, de los 1.723 beneficiarios, 460 figuran con fecha de nacimiento de 1899, lo que ha generado una controversia.

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En una publicación a través de su cuenta de X, la legisladora expresó su preocupación sobre la situación: “¿En manos de quién está nuestros recursos?”, escribió. Además, exigió a los organismos de control que tomen cartas en el asunto: “Este programa debe tener especial vigilancia de los organismos de control. Señores Contraloría General les pido auditar estas cuestionadas transferencias”.

Según la base de datos analizada por la congresista, gran parte de los beneficiarios con fecha de nacimiento errónea está registrada en Buenaventura y Quibdó, ubicados en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, respectivamente.

Arbeláez hizo esta revelación después de recibir una lista de Excel enviada por el Ministerio de Igualdad, a raíz de un derecho de petición presentado por ella. En la respuesta que dio la cartera del Gobierno a la congresista, señalan: “Al respecto nos permitimos informarle que con el fin de tener los datos en un sistema que soporte la cantidad de información requerida, así como un manejo adecuado para el Programa Nacional Jóvenes en Paz, nos encontramos en un proceso de migración de la información hacia un desarrollo de software creado desde el Ministerio de Igualdad y Equidad”.

La polémica ha escalado rápidamente, llevando a Arbeláez a cuestionar la fiabilidad de los datos proporcionados, destacando la importancia de una gestión transparente y precisa de los recursos públicos. La situación plantea serias dudas sobre el manejo interno del programa y destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y verificación de datos.

Además, para la congresista, la propuesta del Gobierno de asignar 1.5 billones de pesos para pagarles a jóvenes que han estado vinculados a dinámicas criminales, comprendidos en un rango de edad de 14 a 28 años, y que beneficiaría a 100.000 jóvenes, estaría “mal concebida”.

“Este programa me huele a un reclutamiento de colectivos y milicias conformadas por jóvenes delincuentes para, al parecer, estar al servicio del Gobierno”, señaló en su cuenta de X.

En una intervención en la Cámara de Representantes, Arbeláez comparó la iniciativa con “colectivos chavistas” en Venezuela: “Esto es más o menos como hoy funciona en Venezuela, los colectivos chavistas que son un brazo paramilitar del gobierno de Nicolás Maduro para intimidar, extorsionar y asfixiar al pueblo venezolano”, y enfatizó que esta semejanza es “demasiado peligrosa” y puede traer graves consecuencias para la estabilidad y seguridad del país.

Seguido, la representante invitó al Gobierno a invertir dichos recursos en jóvenes deportistas: “El deporte es la forma en que podemos alejar a los jóvenes de la delincuencia y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los territorios”.

Arbeláez destacó también la importancia de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes con dichos recursos del Gobierno: “¿Cómo logramos con estos recursos darle a los jóvenes la oportunidad de emprender, tener un proyecto de vida o crear un negocio?”.

Y arremetió contra el Gobierno, señalando que sus prioridades no van acordes a las necesidades de la población más vulnerable y a las desigualdades sociales en el país: “Quisiera generar una reflexión frente a las prioridades del Gobierno nacional. Mientras se asignan 260.000 pesos para el adulto mayor que vive en pobreza extrema y sin apoyo familiar, se propone entregar un millón de pesos mensuales a jóvenes delincuentes. Esto, desde mi perspectiva, no es solidario. Es necesario replantear la inversión de estos recursos para asegurar que se destinen de manera más equitativa y justa, atendiendo las necesidades más urgentes de nuestra población”.