Los gobernadores de Colombia, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND), han expresado un fuerte rechazo al secuestro de comunidades en el departamento del Chocó por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con la federación, el “secuestro del departamento del Chocó a manos del ELN”, ha mantenido bajo confinamiento a más de 50 mil personas en la región del río San Juan.” en la que ya ha cobrado la vida de una niña de un año de edad, lo que ha incrementado la preocupación y el llamado a la acción inmediata por parte de las autoridades.
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La FND, en su comunicado, calificó las acciones del ELN como “una clara violación no solamente al Derecho Internacional Humanitario”, sino también como una grave infracción al “derecho a la libre circulación por el territorio nacional”.
Estas acciones han tenido un impacto en la salud de los habitantes y han perturbado la tranquilidad de diez municipios en la región. Además, se destacó que la situación está afectando de manera crítica el derecho a la educación de 22 mil estudiantes de 38 instituciones educativas.
En solidaridad con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, los mandatarios locales exigen al Gobierno nacional que tome medidas urgentes para abordar esta crisis humanitaria. “Nuestro llamado es a tener verdaderas muestras de voluntad de paz, sin atentar contra la población, continuar con los espacios de negociación y diálogo que le permitan a Colombia vivir con paz y tranquilidad”, subrayó la FND, insistiendo en la necesidad de una respuesta inmediata y coordinada por parte del gobierno central.
El comunicado también hace un llamamiento al Gobierno Nacional para que actúe rápidamente y garantice “la protección de la vida de todos los colombianos, la seguridad de los territorios y la atención que reclama el pueblo chocoano”.
Comunidad advirtió grave crisis humanitaria en Chocó
El 11 de agosto de 2024, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) inició un paro armado indefinido en el sur del departamento del Chocó, por la presencia del Clan del Golfo en sus zonas de control. Esta situación afecta a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan.
De acuerdo con el pronunciamiento del ELN, el Estado colombiano decidió no cumplir con los acuerdos pactados. A la par, señaló que la presencia de las Fuerzas Militares solo pretende ejecutar grandes proyectos en la zona para saquear y despojar de recursos a los habitantes del territorio. Por tal razón, el grupo armado ilegal “busca asegurar posiciones en las bocas del río Sipi, San Agustín y Brisas, así como en Barranconcito por el río Cajón”.
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La Gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, aseguró que unas 50.000 personas estarían en riesgo por el paro ilegal ordenado por la guerrilla. Una de ellas fue una niña indígena de cuatro meses, que falleció en el municipio de Istmina porque el grupo armado impidió su traslado a un hospital.
En ese sentido, el vicario pastoral en Istmina, el padre Ernesto Zapata, aseguró en diálogo con W Radio que, en la región, se encuentran “constatando con nostalgia la cantidad de familias que están en aislamiento”. Al mismo tiempo, se refirió a la grave situación de desabastecimiento a la que se están enfrentando por culpa del grupo armado.
Según el sacerdote, el aislamiento causó caos en el municipio de Itsmina, puesto que “centenares de personas se tuvieron que desplazar a otros poblados, lo que significa dejar su entorno bajo la gravedad de que faltan alimentos, agua y medicamentos”.
A la par, sostuvo que los más afectados por la coyuntura son los niños de la zona, ya que “nos encontramos en una situación de alta complejidad”. Además, advirtió sobre otras consecuencias que conlleva la medida del ELN, en particular, los problemas educativos.
“Se nos viene la prueba de los chicos del bachillerato, la prueba Icfes y muchos de ellos no van a poder acudir a esta responsabilidad (…) tenemos un territorio complejo y no tiene la cobertura todos los territorios para la presencia de las Fuerzas Militares y Policía”, enfatizó.
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