Condenaron a funcionario judicial por filtrar información a una organización criminal en Medellín

Como Gustavo Amedt Restrepo Ortiz fue identificado el asistente de fiscal condenado a 72 meses de prisión por un Juez Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La sentencia se emitió luego de que la Fiscalía General de la Nación demostró su participación en delitos de concierto para delinquir agravado y utilización indebida de información reservada.

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La Fiscalía, que informó de la decisión el viernes 16 de agosto, determinó que Restrepo Ortiz durante el primer semestre de 2021, usó su posición para transferir información clasificada a una persona que la transmitió a miembros de organizaciones delictivas.

Un caso documentado ocurrió el 26 de marzo de 2021, cuando Restrepo Ortiz intentó dejar vencer una orden de captura para evitar el arresto de un presunto integrante de la banda Los Chatas. Además, se descubrió que proporcionó información clave para que cinco miembros del grupo La Terraza evadieran órdenes de captura.

Restrepo Ortíz reconoció su culpabilidad a través de un preacuerdo con el ente investigador, y aceptó los cargos que se le imputaron. La condena incluye una multa de 1.450 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para el año 2021. Adicional a esto, el juez dispuso medida de prisión domiciliaria debido a una enfermedad grave que padece desde hace meses el condenado.

Este caso se suma otra reciente determinación por parte de la justicia colombiana, luego que una semana atrás, el viernes 9 de agosto, pero en el departamento de Boyacá, se conoció que un funcionario del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía fue judicializado tras conocerse que habría utilizado su posición para favorecer a unos supuestos socios de captadora ilegal.

Qué se supo sobre el caso del funcionario del CTI en Boyacá

En el otro caso que se conoció, Arnulfo Delgado Rojas fue el servidor del CTI, también fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación bajo los cargos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concusión, tras presuntamente haber favorecido penalmente a supuestos socios de una captadora ilegal de dineros en Boyacá.

La investigación se centra en hechos ocurridos en 2023, cuando se ordenó la judicialización de cinco personas vinculadas a una organización criminal dedicada a la captación ilegal de fondos públicos. Se estima que más de 2,000 personas en Duitama, Sogamoso, Tunja y otros municipios de Boyacá fueron estafadas por este grupo, que operaba bajo el disfraz de una entidad financiera.

Según el ente investigador, el servidor juzgado, quien se desempeñaba como investigador líder del caso, habría utilizado su posición para beneficiar a los imputados, omitiendo su responsabilidad de capturarlos, lo que facilitó su huida. Además, se le acusa de recibir dinero a cambio de entorpecer el desarrollo normal del proceso judicial y de proporcionar información reservada a los investigados.

Se ha revelado también que personas cercanas a Delgado Rojas habrían invertido en la captadora ilegal, lo cual debería haber llevado al procesado a declararse impedido para investigar el caso debido a conflictos de interés. No obstante, esta situación no fue reportada. Arnulfo Delgado Rojas ha negado los cargos en su contra y actualmente se encuentra detenido en un establecimiento carcelario.

En Antioquia cayó otro funcionario del CTI a inicios de agosto

Para el jueves 1 de agosto, se conoció otro caso similar a los dos anteriores, y el que Cristian Camilo Serna Betancur, un técnico investigador del CTI, quien fue detenido en Santa Fe de Antioquia, según informaron las autoridades a RCN Radio. Serna Betancur, que se unió al CTI en 2016 y antes sirvió en la Policía Nacional en Antioquia entre 2008 y 2016, es investigado por diversos delitos, incluyendo falsedad en documento público y receptación.

La captura del funcionario se realizó el 31 de julio de 2024 en una finca en el occidente de Antioquia, de acuerdo con las fuentes informativas. Durante el operativo, otras dos personas también fueron arrestadas. El Código Penal Colombiano define el delito de falsedad en documento público como la falsificación de documentos oficiales que pueden ser utilizadas como prueba. Además, la receptación se refiere a la adquisición, posesión, conversión o transferencia de bienes que tienen su origen en un delito.

A las 12:00 p.m. del 1 de agosto, Serna Betancur fue llevado ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, según Blu Radio. Se le acusa de estar involucrado en un operativo para la recuperación de una motocicleta, de la cual aparentemente se apropió indebidamente.

Además de estas acusaciones, Serna Betancur enfrenta otras investigaciones por delitos asociados. Según las mismas fuentes, podría estar implicado en concierto para delinquir agravado con fines aún no especificados. La investigación sigue en curso mientras las autoridades determinan el alcance completo de las actividades del acusado.