Un contrato para el servicio de transporte aéreo tiene en líos a dos congresistas que son investigados por la Corte Suprema de Justicia

En el contexto de un proceso contractual destinado a asegurar el transporte aéreo para los trabajadores de la Gobernación del Vaupés y otros actores involucrados en la elaboración del Plan de Desarrollo del departamento, han surgido serias acusaciones de irregularidades que comprometen a dos congresistas.

Según informó la Corte Suprema de Justicia, dicho procedimiento podría haber sido manipulado mediante la utilización de documentos falsos y otros actos ilícitos antes de la firma del contrato.

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Es por ello que la Sala de Instrucción abrió investigación formal contra los congresistas Hugo Danilo Lozano, del partido Centro Democrático, y Camilo Esteban Ávila Morales, de la Unión para la Gente, por su presunta participación en dichas irregularidades.

De acuerdo con el alto tribunal, Lozano podría haber incurrido en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que Ávila enfrenta una investigación por falsedad en documento privado y fraude procesal.

La historia se remonta al 26 de febrero de 2016, cuando Camilo Esteban Ávila Morales fungía como contratista. Ese día, suscribió un contrato con la Gobernación de Vaupés para proveer transporte aéreo a funcionarios y representantes de la sociedad civil, por un valor de $71.682.050.

Ávila Morales presentó un documento que acreditaba su experiencia en el proceso contractual, el cual señalaba un servicio prestado a la empresa Tecnick Consulting S. A. S. No obstante, una auditoría de la Contraloría Departamental de Vaupés en 2017 determinó que dicho documento era falso. “En el Expediente contractual No. 046 de 2016, folio 131 al 142, se indica que Ávila Morales demuestra su experiencia con un contrato suscrito con Teknik Consulting, aunque se pudo corroborar que la empresa fue constituida el 28 de abril de 2014, lo que sugiere una falsificación documental” indicó la Contraloría.

La entidad detalló que el contrato presentado por Ávila Morales tenía fecha del 1 de febrero de 2014, mientras que la empresa Teknick Consulting S. A. S. fue formalmente constituida dos meses después. “El contrato fue suscrito con anterioridad al registro de inscripción en la Cámara de Comercio, lo que quiere decir que para la fecha de la suscripción del contrato la Empresa Tecnick Consulting no existía”, señaló la Contraloría como evidencia que utilizó para acusar sobre la posible falsificación documental.

Debido a este hallazgo de carácter penal, se trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que se adelantara una investigación. La noticia criminal fue asignada el 10 de junio de 2019 al despacho de la Fiscalía Segunda Seccional de Guainía y Vaupés. Sin embargo, la investigación estuvo en una fase de indagación durante casi cuatro años sin avances significativos, hasta fue asumida por la Corte Suprema de Justicia porque Camilo Esteban Ávila Morales tiene actualmente fuero de congresista.

“Será la Corte Suprema de Justicia la que asuma la investigación, teniendo en cuenta que actualmente Camilo Esteban Ávila Morales tiene fuero de congresista”, precisó el alto tribunal.

Durante el desarrollo del caso, el abogado Javier Miguel Vargas presentó una nueva denuncia penal el 31 de marzo de 2023 por los delitos de falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos contra Ávila Morales y su hermano Iván Adiel Ávila Morales. “También se le cuestiona un posible conflicto de interés porque la empresa Aerovías Regionales del Oriente S. A. S. (Aro S. A. S.), de la que fue su representante legal y que aparentemente es de su familia, continúa renovando contratos con el ICBF y algunas EPS”, señaló el jurista, según conoció W Radio.

Las irregularidades que se investigan incluyen la supuesta utilización de documentos falsificados durante la fase previa a la firma del contrato realizado, un aspecto que, de confirmarse, podría implicar a los congresistas en un acto de fraude que habría comprometido gravemente la moralidad y el respeto por los procedimientos legales establecidos.