El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno no considera a las EPS como enemigas, pero advirtió que aquellas entidades que no garanticen una atención adecuada, administren irresponsablemente los recursos o sean inviables podrán ser intervenidas, reorganizadas o sustituidas.
El mandatario hizo las declaraciones durante una visita al Ministerio de Salud, acompañado por la ministra Ana María Vesga, donde expuso los principales lineamientos que, según dijo, orientarán la política sanitaria de su administración.
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“Las EPS no son enemigas, pero las malas EPS no son intocables”, sostuvo De la Espriella.
Según explicó, el objetivo de su Gobierno será recuperar aspectos del sistema que dejaron de funcionar y, simultáneamente, introducir mejoras sin asumir que la solución pasa exclusivamente por modelos públicos o privados.
“Tenemos una doble tarea, que es recuperar y mejorar”, manifestó.
De acuerdo con El Heraldo, el presidente señaló que se preservarán los componentes que actualmente funcionan, mientras se buscará corregir los problemas existentes y reemplazar aquellos elementos que se consideren inviables.
Gobierno promete decisiones basadas en evidencia técnica
De la Espriella sostuvo que las decisiones relacionadas con financiación, aseguramiento, prestación de servicios, medicamentos e intervención de EPS deberán responder a criterios técnicos y al impacto que tengan sobre los pacientes.
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“La premisa de trabajo del Gobierno en el sector salud es inequívoca: las decisiones se toman pensando en los pacientes y con fundamento en la evidencia técnica, no en dogmas políticos ni ideológicos”, afirmó.
El mandatario también cuestionó el manejo dado al sistema durante la administración anterior y aseguró que su Gobierno no promoverá una estatización automática del sector.
Esas apreciaciones corresponden a la valoración política del presidente sobre la gestión previa.
De la Espriella indicó que cualquier decisión deberá partir de una pregunta central: si realmente mejora la atención que reciben los colombianos.
También sostuvo que el Gobierno debe establecer con precisión cuánto cuesta atender a cada afiliado y cumplir las disposiciones relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
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“Mi Gobierno garantizará que ese cálculo de la UPC sea transparente, confiable y técnicamente sustentado”, manifestó.
Según explicó, esa cifra es determinante para que los recursos lleguen oportunamente a EPS, hospitales, clínicas y proveedores.
EPS serán evaluadas según su funcionamiento
El presidente aseguró que la evaluación de las EPS se realizará con criterios que definió como objetivos.
“Cumplen o no cumplen, punto”, afirmó.
De acuerdo con su planteamiento, las EPS consideradas viables, bien administradas y capaces de responder por sus afiliados encontrarán condiciones para continuar operando.
Las entidades con problemas que puedan corregirse deberán presentar planes de recuperación, mientras que aquellas consideradas inviables o incapaces de garantizar la prestación de los servicios podrán ser objeto de medidas más severas.
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“Aquellas que sean inviables, administren irresponsablemente los recursos o sean incapaces de garantizar la atención, deberán ser intervenidas, sin dilación, reorganizadas o sustituidas, siempre protegiendo primero a los afiliados”, señaló.
De la Espriella también afirmó que las intervenciones no deberán utilizarse como mecanismos de persecución política.
Durante su intervención utilizó el término “Gestapo” para cuestionar la forma como, según su interpretación, se emplearon la Superintendencia Nacional de Salud y otras instituciones durante el Gobierno anterior.
El mandatario aclaró que, para su administración, una intervención debe entenderse como una herramienta excepcional destinada a proteger a los pacientes.
Finalmente, anunció que el Ejecutivo buscará poner en marcha un plan de choque para estabilizar financieramente el sistema de salud, cuyo punto de partida será establecer con claridad las deudas existentes con cada EPS.
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La estrategia se suma a las medidas que el Gobierno ha venido anunciando para mejorar el flujo de recursos y atender obligaciones pendientes dentro del sistema.
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