Iván Cepeda anunció denuncias contra Abelardo de la Espriella e Indalecio Dangond por presuntos nexos con narcoparamilitares

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro anunció denuncias penales y disciplinarias contra Abelardo de la Espriella e Indalecio Dangond tras su primer debate de control político de la legislatura, dirigido al ministro de Agricultura.

Cepeda presentó folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales que, según afirmó, permiten identificar una red de relaciones entre capitales vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo, negocios rurales, decisiones sobre tierras y funcionarios con paso previo por firmas privadas relacionadas con De la Espriella y Dangond.

El congresista denominó ese modelo como “narcorrentismo” y sostuvo que entidades creadas para recuperar bienes del narcotráfico y el paramilitarismo, así como para restituir tierras a las víctimas, estarían bajo influencia de personas que previamente defendieron, representaron o realizaron negocios con sectores investigados por esos delitos.

Cepeda denunciará a De la Espriella ante la Comisión de Acusación

El senador informó que presentará una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra Abelardo de la Espriella por el presunto delito de concierto para delinquir, a partir de lo que describió como vínculos que irían más allá de la relación entre abogado y cliente.

La acción también contempla solicitudes de investigación por presunto interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Cepeda pidió que se examine si existieron conflictos de interés en torno a predios como Nueva Jerusalén y Polonia, la empresa Dominio De la Espriella y los nombramientos de antiguos integrantes de De La Espriella Lawyers en entidades del Estado.

Según lo expuesto durante el debate, De la Espriella adquirió la ciudadanía estadounidense en febrero de 2023. Por esa razón, Cepeda anunció que remitirá la información, los soportes documentales y las pruebas a autoridades de Estados Unidos y a congresistas demócratas, con el propósito de que soliciten investigaciones sobre hechos que puedan ser de competencia de ese país.

El senador señaló aportes a Dominio De la Espriella

Uno de los asuntos centrales del debate fue Dominio De la Espriella, empresa vinculada a la comercialización del Ron Defensor. Cepeda afirmó que los estados financieros de la compañía indican que el entorno familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”, aportó una porción relevante de los depósitos de capitalización.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el senador, la familia de Rodríguez Fuentes y la firma Monte Horeb Group aportaron el 40,8% de los depósitos monetarios en 2022 y el 38,1% en 2023.

Cepeda señaló que Rodríguez Fuentes fue condenado por narcotráfico y por promover grupos paramilitares. En su exposición, relacionó esos aportes con la compra de la finca Nueva Jerusalén, en Becerril, Cesar, predio que, según afirmó, fue adquirido en 2013 por debajo del valor comercial a una hermana de alias “Comandante Barbie”.

El congresista también mencionó a Daniel Peñarredonda, quien fue socio de De La Espriella Lawyers hasta julio de 2025. Según Cepeda, Peñarredonda aparece como “Coconspirador 1” en un proceso de una corte federal de Tampa, Florida, relacionado con lavado de activos y un expediente contra un hombre conocido como alias “Boliche”.

Dangond será denunciado por decisiones sobre tierras y campesinado

Cepeda anunció una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento privado, discriminación y hostigamiento contra el campesinado.

El senador cuestionó la decisión de congelar $1,4 billones que estaban destinados a la compra de tierras para campesinos. También afirmó que la gestión del Ministerio de Agricultura redujo a la mitad el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), promovió la eliminación de los términos “campesino” y “campesinado” de normas técnicas y avanzó en la derogatoria de un millón de hectáreas de protección alimentaria.

“Este proyecto pretende eliminar al campesinado, bien sea borrando su identidad o inicialmente tolerando la agresión en contra de los campesinos y campesinas”, afirmó Cepeda.

El senador sostuvo que Dangond llegó a la cartera para ejecutar una “contrarreforma agraria” que, según sus señalamientos, frenaría la restitución de predios y la compra de tierras para familias campesinas, mientras facilitaría la devolución de bienes confiscados a redes relacionadas con el paramilitarismo.

El caso de la hacienda Simba y la empresa de la familia Dangond

Durante el debate, Cepeda expuso documentos y audios divulgados por Revista RAYA sobre la hacienda Simba, en Sucre. El senador sostuvo que Dangond actuó como apoderado de la Comercializadora El Tamaral, empresa de Wilfredo Anaya, que se opone a la entrega del predio a familias indígenas zenú.

Según Cepeda, la documentación y las grabaciones indicarían que el ministro participó en una propuesta para que la empresa conservara la tierra y cobrara al Estado $43.000 millones por proyectos productivos, además de $800 millones por daño emergente. El congresista señaló que Dangond había negado ese vínculo ante la Comisión Quinta del Senado.

También mencionó a Palmas Oleaginosas de Casacará, empresa de la familia de Silvestre Dangond Lacouture, medio hermano del ministro. Cepeda afirmó que la ANT estudió en junio de 2026 tres polígonos asociados con esa compañía y que dos de ellos, Centenario 1 y Llerasca, no tendrían folio de matrícula y se presumirían baldíos.

El senador anunció que solicitará la recuperación de 430 hectáreas de baldíos del Estado ocupadas, según su versión, por la empresa palmera. Además, señaló que Palmas Oleaginosas de Casacará realizó siete aportes, donaciones y créditos por $108.879.741 a la campaña al Congreso de Dangond en 2022, de acuerdo con registros del sistema Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.

Cepeda cuestionó nombramientos en entidades agrarias y de activos

El congresista sostuvo que identificó a 14 funcionarios en puestos del sector agrario y de entidades responsables de activos, restitución y registro de tierras, cuyas trayectorias tendrían vínculos profesionales, corporativos o comerciales con De La Espriella Lawyers o con el ministro Dangond.

Entre las personas mencionadas estuvieron Diana Patricia Bravo Vélez, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); Jensy Johana Osorio Porras, directora de la Unidad para las Víctimas; Yoly Beatriz Illidge Pimienta, superintendente delegada de Notariado y Registro; Manuel Alejandro Pretelt Patrón, secretario general del Ministerio de Agricultura, y Lina María Garrido, directora de la ANT.

Cepeda anunció que formulará quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra esos funcionarios por posibles conflictos de interés y eventuales omisiones frente a bienes, baldíos, procesos de restitución y actuaciones administrativas.

En el caso de Bravo, el senador señaló que, desde la SAE, se habría promovido la devolución de 138 bienes a la estructura familiar de Rodríguez Fuentes. También cuestionó la administración de bienes asociados a José Guillermo “Ñeñe” Hernández.

Las denuncias incluyen bienes, minería y protección de comunidades

El debate incluyó señalamientos sobre otros predios y operaciones. Cepeda cuestionó la situación de la finca Polonia, en La Mojana, Sucre, adquirida en 2008 por De la Espriella y su padre. Según expuso, el predio habría incorporado 67 hectáreas sin respaldo técnico y encerraría 60,9 hectáreas de ciénagas, pantanos y playones públicos del Caño Rabón.

Por ese caso, el senador solicitó a la ANT iniciar un deslinde judicial urgente para recuperar las áreas que, según afirmó, corresponden a bienes de uso público.

Cepeda también habló de la mina Walter, en Alto Caribona, Bolívar. Sostuvo que comunidades afrodescendientes fueron desplazadas de la zona en 2004, en medio de acciones atribuidas al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Posteriormente, afirmó, De la Espriella Lawyers asumió la representación jurídica en el litigio minero y la Agencia Nacional de Minería otorgó el título a Minecar Gold, compañía vinculada, según la exposición, con Daniel Peñarredonda y Olimpo Oliver Peñaranda.

El senador anunció una denuncia para que se investiguen posibles delitos de lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir contra Rodríguez Fuentes, Soraya Obando Daes, Olimpo Oliver Peñaranda, Carlos Arturo Vega Pineda y representantes o accionistas de Minecar Gold.

Cepeda también pidió protección para las comunidades de las haciendas La Alquería y La América, en Cesar. Según afirmó, familias campesinas que recibieron predios en procesos de reforma agraria han reportado amenazas relacionadas con la eventual recuperación de esos terrenos por parte de antiguos propietarios.