Listo el tarjetón para la elección de la nueva defensora del Pueblo: la Cámara habilitó el voto en blanco

El viernes 16 de agosto se llevará a cabo la elección de la nueva defensora del Pueblo en la Cámara de Representantes, según anunció el presidente Jaime Raúl Salamanca.

El proceso, planeado y definido en una reunión el miércoles 14 de agosto contará con la inédita presencia de tres mujeres en la terna enviada por la Presidencia de la República. Esta característica llevó a Salamanca a calificar el evento como un hecho “histórico”.

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Las autoridades de la Cámara han establecido un mecanismo de elección transparente para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral. De acuerdo con Semana, a cada representante le será entregado un tarjetón con las fotografías de las candidatas ordenadas alfabéticamente, además de una cuarta casilla habilitada para el voto en blanco.

La autenticidad de cada tarjetón será garantizada con las firmas en el reverso del secretario general Jaime Luis Lacouture y el presidente de la Comisión de Acreditación Documental, Jorge Bastidas.

Para preservar el secreto y la libertad del voto, se instalará un cubículo de votación que permitirá a los representantes ejercer su voto en privado. Este detalle busca asegurar que el proceso sea lo más justo y equitativo posible, evitando cualquier tipo de presión externa.

Jaime Raúl Salamanca expresó que el esfuerzo por garantizar la transparencia es un compromiso firme de la mesa directiva de la Cámara, asegurando que el método adoptado es un paso fundamental en la búsqueda de procesos democráticos más abiertos y confiables.

Uno de los aspectos destacados del proceso es la inclusión de tres mujeres en la terna para la Defensoría del Pueblo, lo que marca un hito en la historia de esta institución. Este detalle no solo resalta el avance hacia una mayor equidad de género en puestos de relevancia pública, sino que también puede influir positivamente en la percepción de la ciudadanía sobre la inclusión y representatividad en las instituciones gubernamentales.

Este método definido para la votación asegura además la anonimidad y seguridad, consolidándose como un paso hacia adelante en los esfuerzos democráticos en el país. La jornada del 16 de agosto será observada con atención no solo por los actores políticos, sino también por la sociedad en general, que espera un proceso limpio y justo.

La terna propuesta por el presidente

Dora Lucy Árias, Iris Marín y Jomary Liz Ortegón son las tres abogadas y reconocidas defensoras de derechos humanos nominadas por el presidente Gustavo Petro para la elección de la Defensoría del Pueblo en Colombia. Serán escuchadas en la plenaria de la Cámara de Representantes y el viernes 16 de agosto una de ellas será elegida por la mayoría de los 187 votos de los representantes.

Este proceso electoral es inusual ya que, por primera vez, el Congreso escogerá a una mujer para desempeñar este cargo y, además, a una defensora de derechos humanos. Las tres candidatas se destacan por su trayectoria en derechos humanos y ninguna ha incursionado anteriormente en la política ni ha ofrecido puestos a cambio de votos. Esta decisión rompe con la tradición de elegir figuras políticas que negociaban cargos para obtener votos.

Según La Silla Vacía, el presidente Petro decidió nominar a estas tres abogadas, excluyendo a políticos de su confianza que podrían haber representado un apoyo más directo para su Gobierno en la Cámara. Esta elección viene después de que el anterior defensor, Carlos Camargo, promovido por el expresidente Iván Duque, fuera criticado por usar la burocracia de la entidad para pagar favores políticos y por su ausencia durante el paro nacional de 2021, donde se registraron 47 muertes, muchas a manos de la fuerza pública.

La nominación de Iris Marín, Dora Lucy Árias y Jomary Liz Ortegón también busca expandir la conversación sobre la función de la Defensoría del Pueblo, alejándose de la lógica burocrática que ha prevalecido en elecciones anteriores y poniendo el foco en aquellos que entienden profundamente los retos en terreno en materia de derechos humanos.