La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión contundente respecto al caso de la exrepresentante a la Cámara por el Putumayo Argenis Velásquez Ramírez, que buscaba revertir su condena por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga.
La defensa de Velásquez había presentado una demanda de casación con el objetivo de dar un giro en el caso. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este intento, cerrando así la puerta a cualquier posibilidad de modificación de la sentencia.
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“Inadmitir la demanda de casación presentada en nombre de ARGENIS VELÁSQUEZ RAMÍREZ, en seguimiento de las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído”, señaló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Este rechazo, en palabras del magistrado ponente Diego Corredor, reafirma la postura del alto tribunal frente a uno de los escándalos de corrupción más significativos en la política y la justicia colombiana.
Cabe recordar que, en enero de 2024, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años a Velásquez Ramírez, que ejerció como congresista entre 2014 y 2018, por entregar $130 millones a un funcionario del despacho del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo, para ser favorecida en un proceso penal adelantado en su contra.
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En fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció que la excongresista entregó esa suma de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz, a través de su abogado defensor Luis Gustavo Moreno Rivera, para evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de $300 millones cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.
El Ministerio Público señaló que en la investigación disciplinaria se evidenció que Velásquez Ramírez desplegó actuaciones encaminadas a dar a un servidor público una suma de dinero para obtener beneficios en un proceso penal, lo que permitió establecer, “en grado de certeza la materialidad de la falta endilgada” y la responsabilidad de la procesada.
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Agregó que con su actuación demostró, “un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública, más aún si se trata de una servidora que fue elegida por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
La acción cometida por la excongresista fue relatada en las declaraciones rendidas por Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la conducta irregular de diferentes funcionarios judiciales, dentro del caso conocido como ‘cartel de la toga’.
Por ese hecho, la entidad señaló que Velásquez Ramírez quebrantó el principio de moralidad que regula la función administrativa y calificó su falta como “gravísima cometida a título de dolo”.
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La exrepresentante a la Cámara ya había sido condenada por la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2023, a 10 años y 8 meses de prisión por haberle pedido dinero de su salario a un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Los hechos se remontan a un escrito anónimo en el que se daba cuenta que Velásquez Ramírez había “constreñido a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho, para que mes a mes le entregaran a su esposo la mitad del salario devengado por ellos, abusando de su cargo y poder político”.
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De acuerdo con la sentencia, Nohora Mercedes Rojas Benavides, quien laboró en la UTL de la citada excongresista, indicó en su declaración que Edwin Harvey Chávez Jojoa, esposo de la aforada, en apego a las instrucciones de esta, en febrero de 2016 le solicitó entregar mensualmente parte de su salario, una vez estuviera vinculada laboralmente a dicha UTL, lo que en efecto ocurrió desde marzo de ese mismo año cuando Chávez le exigió la suma de $3.200.000.
La petición continuó hasta octubre, ascendiendo a $25.600.000 la suma total entregada, cifra que obtuvo Argenis Velásquez Ramírez, hasta cuando Nohora Mercedes le manifestó a Chávez Jojoa que no seguiría aportando el porcentaje de dinero exigido, siendo declarada insubsistente.
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