Revelan reunión orquestada presuntamente por Luz Adriana Camargo para cambiar delitos a miembros de la Primera Línea en Bogotá y favorecerlos con acuerdo

En una reunión celebrada en junio de 2026, directivas de la Fiscalía General de la Nación habrían transmitido a dos fiscales del caso una instrucción atribuida a la fiscal general Luz Adriana Camargo para reemplazar el cargo de terrorismo por asonada contra 11 integrantes de la Primera Línea capturados en Bogotá.

Fuentes revelaron a Semana que al encuentro asistieron Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial; Zenaida de Jesús López, coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia; Juan Andrés Cano, director de la Unidad de Justicia Transicional, y dos fiscales de la Seccional Bogotá. Uno de los participantes afirmó que “la fiscal no está contenta con esa acusación”.

La propuesta era modificar la calificación jurídica de los hechos o, como alternativa, aplicar un principio de oportunidad a los procesados. Asistentes que prefirieron no exponer su identidad atribuyeron a Cano la frase: “Entonces hagamos un principio de oportunidad”.

La reasignación del expediente contra 11 procesados

Las fiscales encargadas del caso rechazaron cambiar la acusación o avanzar con un principio de oportunidad. Poco después, Camargo firmó la Resolución 0171, fechada el 16 de junio de 2026, que creó un grupo de tareas especiales dentro de la Unidad de Justicia Restaurativa y permitió variar la asignación del expediente.

La decisión trasladó el proceso a una etapa previa a la acusación. Según el relato, la alta funcionaria que tenía el caso y el director seccional fueron retirados de sus cargos tras negarse a conceder beneficios a los procesados.

La resolución señala que la actuación está relacionada con hechos ocurridos en escenarios de protesta social y que la Fiscalía debe conciliar su obligación de investigar con la protección constitucional del derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica. El documento no establece, en el fragmento citado, una conclusión sobre la responsabilidad penal de los 11 investigados.

Los acuerdos y los cuestionamientos de las víctimas

TransMilenio S.A. y la Universidad Nacional de Colombia se constituyeron como víctimas dentro del proceso. El ente acusador ofreció acuerdos que contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión, el retiro del cargo de terrorismo para algunos procesados y la reducción de la participación de autores a cómplices para otros.

Cabe recordar que la investigación duró más de dos años y se apoyó en videos, interceptaciones y elementos recuperados por la Sijín. El expediente incluyó hechos atribuidos a los procesados: ataques contra buses y estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá, daños a edificios públicos, amenazas a ciudadanos y uso de artefactos explosivos.

Uno de los acuerdos describe que un procesado mostró una “papa bomba” a un conductor, lanzó esos artefactos frente a un bus para intimidar a pasajeros y conductor, y rompió vidrios del vehículo con un machete. El mismo documento concluye que la conducta “no alcanza el estándar exigido para el delito de terrorismo”.

La Fiscalía presentó los acuerdos ante una jueza en la última semana de octubre de 2026 y siete procesados aceptaron los cargos incluidos en la negociación, informó el medio citado. La defensa solicitó que la audiencia fuera reservada y la jueza aceptó la petición.

Las víctimas cuestionaron que el ente acusador les avisara sobre la novedad en el caso con apenas 12 horas de anticipación sobre la presentación de los acuerdos. También promovieron una tutela para pedir información pública sobre los términos de la negociación y los argumentos que sustentaron la reducción de cargos.

El caso enfrenta dos planos que la Fiscalía plantea como compatibles: investigar las conductas que llegaron a los tribunales y evitar que el proceso penal se convierta en una sanción al ejercicio legítimo de la protesta y las libertades públicas.