En una reciente rueda de prensa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, acompañado de la cúpula militar, reconoció públicamente un preocupante retroceso en el control territorial por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en diversas regiones del país. Este anuncio, que coincide con el balance de orden público de los dos primeros años del Gobierno de Gustavo Petro, revela una realidad alarmante sobre la intensificación del conflicto en varias zonas del territorio colombiano.
El ministro Velásquez, en su declaración, reconoció que la pérdida de control sobre ciertos territorios es un hecho palpable, y destacó la necesidad de una respuesta contundente por parte de las fuerzas de seguridad. “Es una realidad, también se han producido retrocesos en control ilegal en territorios”, afirmó. Para enfrentar esta situación, el Gobierno se propone implementar una estrategia de revisión exhaustiva “vereda por vereda” con el fin de recuperar el control legal y la presencia estatal en las áreas afectadas.
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El reconocimiento por parte del ministro no solo puso de manifiesto las dificultades en la lucha contra los grupos armados ilegales, sino la complejidad del conflicto en Colombia, donde el control territorial es un punto central de disputa. Según el jefe de cartera, fue un incremento significativo en el número de combatientes en estos grupos, aunque no precisó cifras exactas. “Aceptamos, ha habido un incremento, no tengo las cifras en este momento, pero hay un incremento en ese sentido”, admitió.
“Es una realidad, también se han producido retrocesos en control ilegal en territorios, entonces lo que pretendemos también es dar una respuesta desde el accionar desde las fuerzas militares y desde la policía nacional en la revisión vereda por vereda, porque lo que tenemos que hacer es recuperar y ejercer el pleno control legal del territorio (sic)”, dijo el ministro en rueda de prensa.
Este contexto se enmarca en un panorama de seguridad preocupante. Durante los primeros dos años del Gobierno de Petro, la extorsión aumentó un 29%, y el secuestro registró un alza del 70%; sin embargo, en contraste, el número de homicidios mostró una leve disminución del 1,7%, según los datos presentados por el ministro. Estos indicadores reflejan la complejidad del desafío que enfrenta la administración gubernamental en términos de seguridad y orden público.
Sin embargo, otro aspecto vinculado a la seguridad en los territorios son los cultivos ilícitos. Al respecto, el ministro aseguró que en este ámbito también se registró un aumento: “El incremento de cultivos ilícitos respecto a 2022 fue de 16.000 hectáreas, es decir, hubo un incremento del 7%. Pero en incautación de cocaína hemos venido superando porcentajes del 19%”.
El retroceso en el control territorial y el incremento de la actividad de grupos armados ilegales plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas de seguridad del Gobierno de Petro. Desde su llegada al poder, el presidente intentó implementar una estrategia que combina el diálogo con sectores insurgentes y un enfoque más integral hacia la paz. Sin embargo, los recientes desarrollos sugieren que estas medidas pueden no estar siendo suficientes para contener el avance de actores ilegales en el país.
El balance de la primera mitad del Gobierno Petro también pone de relieve las tensiones inherentes a la política de Paz Total. Mientras la administración de Petro busca la negociación y la reintegración de grupos armados al margen de la ley, tal y como pasó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ahora con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como el Clan del Golfo, las dinámicas en el terreno parecen indicar que algunos de estos grupos están aprovechando la coyuntura para consolidar su poder en ciertas regiones, aumentando su presencia y capacidad operativa.
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