En la noche del 7 de agosto de 2024 fue asesinado Carlos Alberto Aristizábal Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Dorado, de Pereira. El hombre se encontraba departiendo con otras personas en la sede principal de la organización cuando fue abordado por sujetos armados que le dispararon.
Aristizábal fue trasladado hasta un centro asistencial; sin embargo, falleció como consecuencia de la gravedad de sus heridas. Según las primeras informaciones, la víctima había denunciado en ocasiones anteriores amenazas contra su vida desde 2023.
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Los hechos generaron indignación y pánico en la comunidad, ante esto las autoridades tomaron la decisión de realizar un concejo de seguridad extraordinario para esclarecer el caso.
Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, anunció una recompensa de 40 millones de pesos a la persona que brinde información sobre el asesinato de este líder comunal. “Primero, un rechazo categórico a este vil homicidio. Luego del Consejo de Seguridad tomamos varias decisiones: vamos a ofrecer 40 millones de pesos a quien nos dé información valiosa para identificar a los responsables, son 20 millones aportados por la gobernación y 20 de la alcaldía. Le garantizamos a la comunidad absoluta reserva”, afirmó.
De acuerdo con el mandatario, la Sijín creó un grupo de investigación para así determinar los móviles del homicidio, además, un fiscal especializado se hará cargo de la investigación del crimen. Salazar afirmó que este hecho es un caso aislado, ya que en la ciudad los líderes tiene garantías para ejercer sus labores comunitarias.
“Esto es algo excepcional, acá los líderes tienen el apoyo y las garantías de las autoridades para su labor. Y en seguridad hemos mejorado, hoy la ciudad tiene 13 por ciento menos homicidios que en el mismo periodo del año pasado. No vamos a bajar la guardia y seguiremos trabajando por una ciudad más segura”, añadió,
Con la muerte de Aristizábal, el país registra el asesinato número 100 de un líder social en lo corrido del año. La anterior víctima fue identificada como Francisco Jiménez Gamarra, un reconocido líder comunitario y servidor público de Altos de Rosario, municipio en el sur de Bolívar.
El hombre se encontraba en un establecimiento público cuando llegaron hombres armados y le dispararon en varias ocasiones. Willington Palomino Villegas, concejal de esta población, trató de impedir el ataque, pero resultó herido en el intento. “Es un hecho relacionado, al parecer, a su actividad como comprador de ganado. Presuntamente en una transacción que no se pudo dar pudo haber desencadenado este hecho. El occiso es un allegado a la administración municipal, se desempeñaba como conductor”, afirmó el secretario de Gobierno de Bolívar, Manuel Berrío, en entrevista con Caracol Radio.
Los homicidios de estos 100 líderes, durante los ocho meses de 2024, han generado consternación en las organizaciones que propenden por los derechos humanos en Colombia. La Defensoría del Pueblo, una de ellas, emitió las alertas 003 2024, 020 y 025 de 2020, en las que se evidencia el riesgo que corren estos líderes sociales por la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como el Clan del Golfo.
De acuerdo con Indepaz, en los primeros dos años del gobierno de Iván Duque se tenía un registro de 475 líderes sociales asesinados, mientras que en el mandato del presidente Gustavo Petro se evidencian 355 homicidios a estas personas que trabajan por el bien de sus comunidades; sin embargo, en la actual administración han ocurrido un total de 167 masacres, en comparación con las 110 registradas entre 2018 y 2020.