El sábado 3 de agosto, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exdirector del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana y Máxima Seguridad San Isidro de Popayán por maltrato laboral hacia una funcionaria del centro penitenciario.
Se trata de Darío Antonio Balen Trujillo, que habría ejercido tratos irrespetuosos, humillantes y denigrantes contra la encargada del área de talento humano.
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“La entidad busca establecer si el exfuncionario cometió actos de maltrato y discriminación contra su subalterna, vulnerando presuntamente sus derechos a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto, así como a vivir una vida libre de violencias contra la mujer”, afirmó el Ministerio Público.
Los actos denigrantes que habría recibido la funcionaria
Los múltiples hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2020, este último año caracterizado por haber iniciado la cuarentena, donde se implementaron una serie de medidas extremas para controlar la propagación del virus del Covid-19, en la que muchos tenían que lidiar con las consecuencias del encierro y miedo. Según la Procuraduría, en ese periodo de tiempo la trabajadora recibió una serie de tratos groseros por parte de su jefe. Estés laboral, gritos, comentarios sexistas y exigencias desmedidas, hicieron parte de los actos reprochables por el funcionario, “lo que pudo haber configurado un trato discriminatorio por razón del género”, complementó el ente de control.
Por ello, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cauca determinó que los hechos contra la funcionaria como una grave falta a título de dolo por parte del exdirector del centro penitenciario. “Las malas palabras, los malos tonos, las faltas de respeto, las insinuaciones, las insubordinaciones, las amenazas, las suspicacias, el menospreciar o sacar provecho de una situación para minimizar o afectar a los subalternos, superiores o compañeros de trabajo, está prohibido en el ámbito laboral, y no deben ser propiciados ni tolerados”, añadió el Ministerio Público.
Pese a que la Procuraduría indicó que se trata de una funcionaria del área de Talento humano, en septiembre de 2020 se conoció el testimonio de una dragoneante del centro carcelario, que denunció públicamente y ante la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Aseinpec, a Balen Trujillo por acoso.
“Me decía en ocasiones que fuera a la casa fiscal, que queda junto a donde él vive, que era el de la subdirección. Me decía que vaya que necesitaba decirme algo, que no era muy demorado. Yo nunca fui, él me llamó en varias ocasiones, incluso eso se anexó en la denuncia el pantallazo de las llamadas por WhatsApp, porque él todo lo hacía por ese medio. Escribía mensajes y los borraba inmediatamente”, afirmó Jazmín Rivera a Cablenoticias. Y agregó que el funcionario acostumbraba a forzarla a despedirse de beso en la mejilla y abrazo.
Balen Trujillo habría sido trasladado desde la cárcel de Girón al Cauca, presuntamente, porque allá también fue señalado de múltiples denuncias por conductas relacionadas. “No pasaron muchos días, cuando ya empezaron las mismas conductas en contra de funcionarios de este establecimiento. Muchos se demoraron en denunciar por temor y por las amenazas que recibían”, aseveró otra funcionaria de la institución.
En su momento, el señalado por las múltiples denuncias afirmó al medio mencionado que se trataban de “calumnias” por parte de los trabajadores y que llevaría el caso a la justicia penal.
Tras más de cuatro años de presentarse los presuntos actos de maltrato laboral y acoso sexual, será el encargado de la evaluación disciplinaria de la Procuraduría el que decidirá si las razones presentadas por el acusado invalidan la acusación formulada por los afectados.
“El operador disciplinario de juzgamiento determinará si los argumentos expuestos por el disciplinado desvirtúan el cargo imputado”, concluyó el anuncio de la Procuraduría.
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