La Comisión de Disciplina Judicial revisa dos casos importantes: uno involucra al presidente Gustavo Petro y otro al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El presidente de la Alta Corte, el magistrado Alfonso Cajiao, indicó que ambas investigaciones ya fueron asignadas y, en una de ellas, ya se han decretado pruebas.
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La investigación relacionada con el presidente Petro tiene su antecedente en una denuncia que presenta una demora en la Comisión de Acusación del Congreso. Desde mayo de este año, esta célula investigativa había solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) investigaciones sobre posibles violaciones de los topes de financiación en la campaña Petro presidente. Además, ordenó tomar testimonio de Laura Sarabia, directora del Dapre, y de Armando Benedetti, embajador de la FAO.
En aquel momento, la Comisión de Acusación cuestionó la competencia del CNE para investigar al presidente Petro, argumentando que “aunque ese órgano es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente la tiene el Congreso de la República por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional“, según la célula investigativa.
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La Comisión de Disciplina Judicial decidió poner su atención en el proceso luego de recibir una denuncia ciudadana por las demoras en la Comisión de Acusaciones. En una conversación con El Tiempo, el magistrado Alfonso Cajiao expuso que él personalmente atenderá el proceso. “Ese proceso está a mi carga, luego de que un ciudadano presentó una queja a ese respecto. Estamos practicando las pruebas, entre ellas, la ampliación de la versión para poder hacer las constataciones que sean del caso. La queja hace referencia a la investigación que lleva la Comisión de Acusaciones respecto a los topes de la campaña del presidente Petro”, explicó Cajiao al medio citado.
El magistrado continuó detallando la naturaleza jurídica de la investigación, que se centra en evaluar la actuación de la Comisión de Acusación de la Cámara como “jueces naturales del Presidente de la República”. Cajiao enfatizó: “Yo no puedo investigar la violación de tope; yo lo que investigo es la demora. Este proceso apenas arranca”.
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Sobre el otro caso que examina la Comisión de Disciplina Judicial, el diario citado relató en su informe que se trata de una denuncia por una presunta filtración indebida de la declaración de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
“Se nos compulsaron copias, esto fue repartido hace un par de semanas a uno de nuestros magistrados y estamos iniciando las investigaciones correspondientes dentro de lo que supone las competencias propias de la Comisión“, explicó Cajiao, destacando la premura del asunto debido a la gravedad de los hechos que están siendo revisados conforme a la legislación vigente.
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Según Cajiao, el caso llegó directamente desde la Corte Suprema de Justicia debido a su trascendencia. La investigación busca determinar la conducta de los funcionarios del despacho del magistrado de la Sala de Instrucción, Héctor Alarcón Granobles.
Estos dos casos ponen en evidencia la vigilancia y mecanismos de control existentes en las instituciones judiciales en Colombia, resaltando asuntos de suma importancia y compromiso para la preservación de la legalidad en los procesos electorales y la transparencia institucional.
La relevancia radica no solo en los protagonistas involucrados, sino en la implicancia de estos hechos en la estructura de confianza hacia las entidades que aseguran la justicia en el país.
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El control judicial sobre estos procesos y la denuncia sobre la supuesta inacción de la Comisión de Acusación resaltan una problemática esencial en el sistema de justicia, donde las demoras y obstáculos pueden poner en entredicho la independencia judicial y la rendición de cuentas de las altas esferas del poder.
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