El regreso de la comunidad indígena embera, pactado inicialmente para el 29 de julio, fue pospuesto tras la inasistencia de diversas entidades estatales a una reunión clave con representantes indígenas. Según informó Isabel Mercado, consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, la ausencia de estas entidades en la reciente reunión comprometió el proceso.
La Consejería para las Víctimas y la Dirección de Asuntos Étnicos participaron en el encuentro, pero “muchas entidades nacionales con compromisos específicos hacia la comunidad no se presentaron”. Mercado puntualizó que sin estas entidades, no es posible garantizar un retorno digno y sostenible para la comunidad embera.
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“Por esta razón, se aplaza el retorno previsto para el 29 de julio hasta que las entidades nacionales cumplan con las condiciones necesarias para garantizar el principio de dignidad y sostenibilidad del retorno”, puntualizó la funcionaria. Mercado concluyó expresando: “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a asumir este tema con liderazgo, contundencia y determinación para garantizar el derecho al retorno que tiene esta población como víctima del conflicto”.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el Gobierno distrital ha cumplido con los acuerdos previamente establecidos y urgió a las entidades nacionales a que cumplan con sus compromisos para facilitar el regreso de la comunidad embera a sus territorios de origen en los tiempos programados.
“Hago un llamado urgente a las entidades del Gobierno Nacional a que cumplan con los compromisos y se sumen al esfuerzo liderado por el por Distrito, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas para garantizar que la comunidad Emberá asentada en Bogotá pueda regresar a su territorio en las fechas dispuestas”, afirmó el alcalde.
La reubicación de los indígenas, que se encontraba planificada con fechas específicas, quedó en suspenso. El cronograma original contemplaba el inicio del retorno de aquellos asentados en el Parque Nacional el 29 de julio, seguido por los miembros ubicados en La Rioja y La Florida el 12 y 14 de agosto, respectivamente.
Secretaría de Gobierno de Bogotá defiende contratos con líderes embera tras denuncias del concejal Uscátegui
En medio de las gestiones para que la comunidad embera regrese a su territorio, surgió un escándalo. El concejal Julián Uscátegui, del Centro Democrático, denunció una serie de contratos entre algunos líderes indígenas y el Distrito de Bogotá. Uscátegui presentó una lista de contratos vigentes obtenidos a través de la plataforma Secop, señalando que estos acuerdos ascienden a $280 millones en los primeros seis meses del 2024.
El concejal denunció que estos contratos afectan a 27 líderes embera repartidos en varias ubicaciones como el parque Nacional, la UPI La Rioja, y La Florida. De acuerdo con Uscátegui, la cifra total esperada para finales del año podría superar los $566 millones, contrastando con los 80 millones registrados en el 2023. Además, mencionó que las principales entidades involucradas en estos contratos son las secretarías de Educación e Integración Social y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y Norte.
Ante estas denuncias, Jairo Montañez, antropólogo experto en temas étnicos, declaró a El Espectador que las acusaciones del concejal subestiman las luchas de las comunidades indígenas. Montañez enfatizó la necesidad de atender a estas poblaciones en su propio idioma y señaló que esos contratos cumplen una función de intermediación, tal como lo establece la Ley de Lenguas.
La secretaría de Gobierno de Bogotá, en respuesta a estas denuncias, recordó la implementación de la Ruta de Acción embera bajo la administración del alcalde Galán, centrada en garantizar los derechos de la niñez, mujeres y víctimas del conflicto desplazadas en la ciudad. Argumentaron que la contratación de líderes indígenas busca preservar sus usos y costumbres, en conformidad con la Constitución, y subrayaron la importancia de estos contratos para mitigar la alta vulnerabilidad en salud de esta población.
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