El miércoles 31 de julio, al menos 15 alcaldes del Atlántico llegarán al Congreso de la República para denunciar los presuntos “atropellos” cometidos por la empresa Air-e. Estos alcaldes aprovecharán la sesión plenaria para presentar sus quejas y buscar soluciones a los problemas que, según ellos, causó la empresa. Esta acción fue confirmada por el senador del partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, quien explicó la importancia de abordar estas denuncias en el ámbito legislativo.
Los alcaldes locales también destacarán que sus administraciones no disponen de los recursos necesarios para gestionar el recaudo en áreas subnormales y de “difícil gestión” donde se implementaron los llamados “periodos de continuidad”. Debido a esta limitación financiera, consideran que cumplir con este acuerdo es una posibilidad remota.
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Además, Gómez enfatizó que los alcaldes acudirán al Congreso para defender el derecho a una vida digna. Señalarán las graves consecuencias que los cortes de electricidad, de hasta seis horas diarias, han tenido en viviendas, colegios, hospitales, estaciones de Policía, entre otros. Esta situación afectó profundamente la calidad de vida de los habitantes, y los alcaldes buscarán soluciones para estos problemas críticos que sacuden a las ciudades y municipios del Caribe en general.
Mauricio Gómez dijo que esta iniciativa cuenta con el respaldo significativo del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. “Están siendo invitados formalmente para que se pronuncien por lo que está pasando con la empresa Air-e en el Atlántico, y no solo en nuestro departamento, sino también en el Caribe. Afinia y Air-e se han vuelto en una bomba de tiempo porque están cortándole la luz a la gente”, afirmó.
La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, una de las mandatarias que viajará hasta Bogotá, expresó que los municipios no tienen capacidad presupuestal para asumir las cargas financieras impuestas por la administración de los sectores “difíciles”. Orozco enfatizó que la situación es insostenible para muchas administraciones locales y que, por tanto, debe ser la Contraloría General de la República la que emita un concepto de viabilidad jurídica sobre estos acuerdos.
“Todos los municipios tenemos una situación bastante difícil en el tema presupuestal. Nosotros también necesitamos que la Contraloría, que es el ente de control que vigila la ejecución del presupuesto, pues también nos dé un concepto jurídico y nos diga qué hacer para buscar fuentes de financiación”, precisó Orozco.
Por su parte, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, emitió una contundente advertencia a la empresa Air-e en respuesta a los recientes cortes de energía que están causando un conflicto social en la Costa Atlántica de Colombia. Durante una entrevista con un medio local, Quiroga describió la situación como crítica y alertó que, de no tomarse medidas inmediatas, podría derivar en un estallido social.
“Nosotros advertimos a Air-e que se está creando un conflicto social en la Costa que puede derivar en un estallido social”, afirmó Quiroga. El Superintendente señaló que estos cortes de energía son tanto ilegales como inconstitucionales, y reveló que la Superintendencia inició investigaciones al respecto. Además, cuestionó la afirmación de Air-e sobre un presunto acuerdo con los usuarios, enfatizando que los derechos fundamentales no deben ser comprometidos en ninguna circunstancia
En respuesta a las declaraciones de Quiroga, Jaime Lombana, abogado de Air-e, cuestionó la intervención del Superintendente de Servicios Públicos en estas discusiones. Lombana defendió la legalidad y constitucionalidad de las medidas adoptadas por la empresa, reafirmando su postura de que todas las acciones de Air-e están dentro del marco legal.
Cabe recordar que, los cortes en el suministro de energía eléctrica afectaron durante casi seis días a 21 municipios en las regiones de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La interrupción del servicio se debió a la baja tasa de recaudo en 37 sectores. Ante esta situación, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos intervinieron, ordenando la suspensión de la polémica medida hasta el próximo 5 de agosto de 2024.
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