
Tras la polémica que se suscitó el martes 23 de julio por cuenta de la detención en Antioquia de jefes insurgentes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que se movilizaban en una caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se volvió a referir a ese operativo de la Fuerza Pública y señaló que la puesta en libertad de los subversivos que iban en los vehículos oficiales era responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
El ente acusador, a través de un comunicado que publicó en la noche del mismo día en qué ocurrió la controversial situación, señaló que tres de los insurgentes recuperarían la libertad ya que son parte de la delegación del grupo armado ilegal que participa en la mesa de negociación de paz con el Gobierno Nacional.
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“Fueron capturados en flagrancia siete integrantes del Estado Mayor Conjunto de las disidencias de las FARC. Tres de ellos serán dejados en libertad como consecuencia de la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada al margen de la ley (sic)”, indicaron en su cuenta oficial de X.
Sobre esa decisión, Velásquez se volvió a referir y reiteró que desde el Ministerio de Defensa no pueden intervenir en las decisiones del organismo investigador.
“En el día de hoy, algunos de ellos, por decisión de la Fiscalía General, fueron dejados en libertad. (Son) integrantes de la comisión negociadora y se están desplazando a la ciudad de Bogotá”, explicó el alto funcionario en un diálogo con periodistas.
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Insistió en que la puesta en libertad de los jefes insurgentes era una decisión que se encontraba en firme derivado del proceso de paz con el EMC.
“La suspensión de las órdenes de captura es un tema tramitado por la oficina del Alto Comisionado con Presidencia de la República en la que el Ministerio de Defensa no tiene intervención”, aseveró.

Y es que las críticas por esa decisión no cesan, en especial porque entre los detenidos se encuentra Édgar Orrego Arango, alias Firu, que es señalado de ser el jefe subversivo del Frente 36 del EMC y sería el autor de un ataque contra el Ejército el pasado 4 de julio, donde murieron seis militares que cayeron en un campo minado.
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“A esos terroristas los agarran con unas unidades de protección, les devuelven la libertad y a mi hermano quien me lo va a devolver (...) ¿Cuál paz total? No vemos ninguna paz total, a mi hermano lo enterramos hace poco y ellos en cambio disfrutan de la libertad. Sé que en algún momento mi dios va a hacer justicia”, reprochó en Noticias RCN Cristhian Marín, uno de los hermanos del sargento segundo Diego Armando Marín López, víctima mortal de esa emboscada guerrillera.

Por estos hechos, tanto el ministro Velásquez, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, serán citados a un debate de control político en la Cámara de Representantes.
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Fue el congresista del partido Centro Democrático Juan Fernando Espinal quien citó a los funcionarios del Gobierno Nacional que sostuvo que por estos hechos se “amerita nuevas acciones judiciales en su contra”.
“Lo que vamos a hacer, especialmente los colegas de la bancada antioqueña, es llamar al Gobierno Nacional para que nos den las explicaciones reales”, justificó el representante uribista.
Precisamente desde esa colectividad de derecha están pidiendo la cabeza del director de la UNP, como lo afirmó el representante Hernán Cadavid, que sostuvo que “Estas situaciones de irregularidades y abusos se han vuelto comunes” en esa entidad.
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