La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reactivó el juicio por parapolítica contra el exrepresentante a la Cámara oriundo de Magangué (Bolívar), Héctor Julio Alfonso López, conocido también como ‘el Gatico’.
Esta decisión implica retomar el caso que estaba detenido desde 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por presuntamente promover, organizar, financiar o sostener económicamente grupos armados al margen de la ley.
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El caso había quedado en suspenso debido a una solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz presentada por López.
Sin embargo, recientes acciones judiciales permitieron avanzar en el proceso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió un impedimento presentado por el magistrado Jorge Caldas, quien argumentó un conflicto de intereses por haber representado previamente al fallecido Jorge Tafur Díaz, exrepresentante a la Cámara e investigado también por parapolítica.
Según la decisión tomada, “el magistrado que se declara impedido realmente no comprometió su criterio en virtud de su ejercicio como defensor de Tafur respecto de la situación de HÉCTOR JULIO ALFONSO LÓPEZ”.
En paralelo, la Corte Suprema también archivó un caso por enriquecimiento ilícito contra ‘el Gatico’, debido a la prescripción de los hechos. Los expedientes de la Corte muestran que las empresas familiares de Enilse López, madre del acusado, “inicialmente tuvieron relaciones con los Bloques Héroes de los Montes de María, Central Bolívar y Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, después del año 2006 se desligaron de dichas agrupaciones porque aquéllos se desmovilizaron”. La prescripción impide continuar con este proceso específico, pero no afecta la investigación por parapolítica.
La identidad del exrepresentante Héctor Julio Alfonso López está ligada a su madre, Enilse López Romero, conocida como ‘La Gata’, una controvertida empresaria del chance, condenada y fallecida. Desde su convocatoria a juicio, la controversia ha rodeado la figura de ‘el Gatico’, incrementándose con el conocimiento de sus posibles vínculos con estructuras armadas ilegales.
El despacho del magistrado Ariel Torres de la Sala de Primera Instancia se encuentra actualmente en proceso de fijar una fecha para reanudar el juicio. Según declaraciones del magistrado Jorge Hernán Díaz, “nada le impide asumir con plena garantía de imparcialidad el conocimiento de la segunda instancia en el proceso seguido contra aquel”, refiriéndose a la participación de Jorge Caldas como juez en este caso.
Las acusaciones iniciales situaron a López en el contexto de grupos paramilitares, que, según los documentos del proceso, “se organizaron para enriquecerse ilícitamente, para legalizar los dineros habidos ilícitamente, para dar muerte a los testigos que tenían la osadía de delatarlos, para sobornar a quienes tenían conocimiento de sus conductas y declaraban en los procesos judiciales”. Las conexiones de la familia López con estos grupos rebeldes se remontan a tiempos de su integración con las Autodefensas Unidas de Colombia, complicando su situación judicial y política.
Por su parte, la defensa de López ha insistido en la desconexión de los negocios familiares con los grupos ilegales tras la desmovilización de estos en 2006. Sin embargo, las acusaciones de concierto para delinquir y organización de estructuras armadas ilegales se mantienen como el núcleo de este proceso.
La historia de la familia del Gatico
De acuerdo con el expediente judicial, Héctor Julio y su familia mantenían relaciones con líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, y participaron en actividades delictivas a pesar de actos formales de desmovilización.
“El modus operandi de estas estructuras criminales incluía extorsión, asesinatos, y la infiltración en la administración pública”, según se lee en el documento. Mancuso y Enilse López fueron señalados como los coordinadores principales de estas actividades. A pesar de las entregas y desmovilizaciones anunciadas públicamente, “algunos miembros de estos Bloques no lo hicieron efectivamente y se mantuvieron unidos bajo los mismos propósitos como organización delincuencial”, añade el expediente.
Héctor Julio Alfonso López también está acusado de haber interferido en investigaciones en su papel de congresista en 2007. El expediente menciona que junto con Fernando Tafur Díaz, presentó una queja ante la Presidencia de la República para entorpecer las investigaciones sobre la continuidad del paramilitarismo en la región.
Un aspecto clave del caso es la supuesta función política ilícita que cumplió Héctor Julio en el Congreso como parte del pacto criminal. “La posición de Héctor Julio en el Congreso era lo esencial del pacto ilícito, la función pública comprometida por aquél si era elegido constituía el núcleo del propósito criminal con la organización”, resalta el documento.
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