
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación a funcionarios del Instituto Distrital de Artes (Idartes) por posibles irregularidades contractuales en proyectos de infraestructura ubicados en la ciudad de Bogotá. El ente de control identificó retrasos en las remodelaciones de los teatros San Jorge y El Parque, incumpliéndose con los plazos acordados.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que los retrasos son significativos y que las fechas de entrega originalmente estipuladas no se han cumplido, lo que afecta la viabilidad de los proyectos culturales. Además, se han señalado sobrecostos en la adquisición de insumos necesarios para las remodelaciones, estimados en un 500% por encima del presupuesto para el año 2023.
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Ante estas denuncias, la Procuraduría Distrital de Instrucción 1 ha iniciado la recopilación de pruebas para esclarecer las acusaciones y determinar responsabilidades.
Esta investigación se da después del llamado de atención que realizó el concejal Rubén Torrado el 8 de febrero del 2024 durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, donde denunció los sobrecostos y retrasos de los recintos culturales de Idartes en la gestión de la exalcaldesa Claudia López.
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“En el teatro El Parque no solo lo entregaron un año después de lo inicialmente acordado, sino que en las compras de dotación hubo sobrecostos que, en algunos ítems, superan el 500%”, enfatizó.
Según Torrado en los informes fiscales de Idartes se registró la compra de una tableta de cinco millones de pesos y un equipo de sonido en más de 20 millones de pesos. Los elementos en el mercado, según el concejal, sumarían cuatro millones de pesos, casi un 85% de diferencia con la compra de la entidad cultural que fue de 25 millones de pesos aproximadamente.
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El concejal también denunció irregularidades en la remodelación del teatro San Jorge, en la localidad de Los Mártires, cuyo avance es del 39% a pesar de que se le ha pagado al contratista más del 50% del valor del contrato. Torrado destacó que la empresa encargada de la intervención de esta obra es la misma que realizó los diseños, situación que calificó como conflicto de interés.

El concejal también abordó la utilización de los convenios de asociación por parte de Idartes, calificándolos de restrictivos para la pluralidad de oferentes. Según el concejal, un único contratista ha recibido más de 21.000 millones de pesos en contratos de los últimos cuatro años, gestionando eventos relevantes como los festivales ‘Al Parque’ y otros proyectos culturales importantes. También denunció que este contratista está asumiendo funciones que son de Idartes, algo que, según el sindicato de trabajadores de Idartes, Sintraidartes, es insostenible para la entidad.
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“Idartes solo gira plata: es la chequera del Teatro R 101. Esa fundación es la que define los artistas, paga el personal de los eventos, contrata el catering, el tinto, la logística, la iluminación, todo”, añadió Torrado.
La respuesta de Idartes al concejal Torrado
En respuesta a las acusaciones del concejal, el medio Semana habló el 9 de febrero con María Claudia Parias, la actual directora de Idartes bajo la administración de Carlos Fernando Galán. Parias enfatizó la importancia del control político para supervisar las operaciones dentro de las entidades del Distrito.
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Según la directora no se habían detectado ninguna de las irregularidades en los sobrecostos mencionadas por el concejal, ya que, hasta donde se sabe, todos los contratos se han establecido de acuerdo con las normativas legales.

Sobre los convenios de asociación que ha obtenido varios contratos en los últimos años, Parias explicó que la entidad ha participado en diversos procesos licitatorios organizados por el Distrito. Afirmó que, aunque han recibido múltiples propuestas, esta fundación ha sido seleccionada repetidamente por cumplir con todos los requisitos y estándares necesarios para los eventos, sin que aparentemente haya habido irregularidades.
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En cuanto al teatro San Jorge, Parias señaló que este proyecto es una de sus principales prioridades. Manifestó su intención de acelerar el proceso para concluirlo lo antes posible.
A pesar de las declaraciones de Idartes, la Procuraduría, cinco meses después, persistió en el inicio de la investigación a la entidad cultural. Se espera que el organismo de control realice investigaciones y tome medidas en los procesos de los supuestos contratos irregulares.
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